Tribunal de la JEP no tiene marcha atrás, afirma el presidente Santos

El presidente Juan Manuel Santos anunció que en los próximos días sancionará la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al tiempo que advirtió que este tribunal "no tiene marcha atrás".

Santos asistió a una sesión extraordinaria de la sala plena de la JEP, en donde indicó, además, que el tribunal es ya una realidad en temas jurídicos, éticos, políticos y morales, en busca de una consolidación de la reparación a las víctimas.

“Yo voy a sancionar la ley sobre el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este tribunal es una realidad y no tiene marcha atrás, en temas éticos morales y jurídicos”, sostuvo Santos.

Expresó que la Corte Constitucional se ha pronunciado avalando los estatutos de la JEP, que le dan dientes sobre las funciones en contra de ex combatientes de las Farc y agentes del Estado involucrados en crímenes en el marco del conflicto armado.

⌛#JEPenMarcha: Presidente @JuanManSantos, deja en nuestras manos una gran responsabilidad: hacer realidad ese modelo de justicia inédito en el mundo. Ya empezamos a hacerlo con rigurosidad y certeza, con independencia y autonomía": Patricia Linares, presidenta de la #JEP. pic.twitter.com/XtZF1HbMkJ

— JEP (@JurisdiccPaz) 16 de julio de 2018

"La Corte Constitucional ha venido avalando este tipo de procedimiento como los estatutos, que es importante para que siga avanzando el tribunal especial dentro de un momento histórico del país", puntualizó Santos.

El mandatario destacó además que el trabajo de la jurisdicción especial no busca venganza y, en cambio, “abre la puerta para que las víctimas se sientan realmente satisfechas”.

Por otra parte destacó nuevamente la comparecencia de varios ex jefes de la extinta guerrilla de las Farc a la audiencia que se llevó a cabo la semana pasada ante la JEP, reiterando que es una muestra de que el proceso de paz no iba a traer consigo impunidad.

“Aquí se presentaron, por un lado, un general de la República, el general (Henry) Torres Escalante para acogerse a la jurisdicción (…) los primeros líderes de las Farc aquí, estuvieron presentes, vinieron a responder por un delito específico, el delito de secuestro. Y eso es lo que Colombia estaba esperando, Colombia estaba esperando que el componente de justicia diera sus primeros frutos”, dijo.

"Voy a sancionar en los proximos días la ley que aprobó el Congreso sobre el procedimiento de la @JurisdiccPaz": @JuanManSantos, Presidente de la República, en su visita a la sede de la #JEP. pic.twitter.com/QxzFLRwuCq

— JEP (@JurisdiccPaz) 16 de julio de 2018

En esa audiencia, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) ordenó a los 32 exjefes de las Farc citados ante este tribunal que entreguen a ese organismo, en un tiempo prudencial, los reportes que tengan en torno a los informes suministrados por la Fiscalía y organizaciones civiles sobre los casos de secuestros que se les sindican.

Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, señaló que dentro de la información suministrada a los excabecillas guerrilleros aparecen dos bases de datos realizadas por la Fundación País Libre.

La primera, con un listado de 30 víctimas plenamente identificadas y otra con más de 200 personas con reportes parciales. “La sala tiene un particular interés en que los comparecientes aporten a la verdad en el caso de las personas de cuyo paradero se desconoce, y que fueron reportadas como secuestradas por las Farc”, indicó Lemaitre.

Asimismo, sostuvo: "le hemos dado traslado de esta lista a quienes son citados en este caso para que den un informe a la jurisdicción de sus actividades en este sentido, y para que inicien labores con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas".

Igualmente, indicó que el objetivo es poder avanzar en la eventual búsqueda de los restos de las víctimas de secuestro o la identificación sobre las circunstancias que rodearon estos episodios.

A este informe de País Libre se suma el entregado por la Fiscalía a la JEP, en el cual se señala que gracias a las pruebas y la información contenida en los computadores incautados a varios cabecillas, los investigadores establecieron que a más de 6 billones de pesos asciende el dinero que logró recaudar las Farc producto del secuestro, entre los años de 1996 y 2012.