Vuelven a radicar proyecto para reducir aporte a salud de los pensionados

En el Congreso de la República insistirán en tramitar iniciativas encaminadas a favorecer a los pensionados de todo el país, cuyos ingresos se han visto disminuidos en los últimos años.

El senador Alexander López volvió a radicar un proyecto para reducir del 12 % al 4 % el aporte a salud de los jubilados, sobre todo de los que reciben la mesada más baja.

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Se trata de una propuesta que se ha venido impulsando desde hace varios años, pero que no ha tenido suficiente acogida, sobre todo por la oposición del Gobierno, que ha dicho en varias oportunidades que eso podría reducir los ingresos de la nación.

“Consideramos que es muy injusto que los pensionados y jubilados sigan aportando el 12 % después de haber terminado su vida laboral. Con este proyecto decimos que el aporte debería ser del 4%, que es el mismo aporte que hace como trabajador”, sostuvo.

López explicó que esta propuesta beneficiaría principalmente a quienes tengan una pensión equivalente o menor a 10 salarios mínimos mensuales. 

“Esto es un acto de justicia que no solo busca proteger al pensionado, sino también a sus familias. Ya hay muchos abusos que se han cometido contra los trabajadores y jubilados y esta es una forma de hacer patria”, indicó.

El congresista indicó que la calidad de vida de los pensionados cada año se va deteriorando, teniendo en cuenta que sus ingresos aumentan con base en la inflación y no con base en el salario mínimo, por lo que también se está impulsando una ley para corregir este asunto.

“En los últimos 5 años, los pensionados han perdido más del 9% de su mesada pensional y desde el año 91, los pensionados han perdido más del 45% de su mesada pensional”, explicó.

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“Esto afecta el mínimo vital de los pensionados, agrava las condiciones de vida de los jubilados y en ese sentido consideramos que el aumento debe ser igual al salario mínimo”, añadió.

Este proyecto ya fue aprobado una vez por el Congreso de la República en el año 2017, pero la Corte Constitucional lo tumbó porque la norma no tenía aval del Gobierno como se exige para las iniciativas que pueden afectar las finanzas del Estado.