Contraloría toma nuevas medidas sobre cartel del PAE en Bogotá

El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, solicitó al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, remitir toda la información respecto a los pliegos de cargos que formuló esa entidad contra el cartel del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“Solicito con carácter urgente remita a mi despacho, copia de las decisiones tomadas por esa Superintendencia en las que se evidencien los nombres de los contratistas proveedores de este programa para cruzarlas con la información que reposa en nuestros expedientes”, manifestó Maya.

Se trata de una red de empresarios que posiblemente habría manipulado los procesos de contratación del (PAE) en Bogotá, en los últimos 10 años, con el fin de ganar las licitaciones con el Estado.  

Con la información que reciba de la Superintendencia, el ente de control espera verificar si los contratistas involucrados se encuentran vinculados a otras investigaciones.

“La Contraloría cruzará los nombres de esos contratistas con los que investiga dentro de los procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en el PAE”, explicó el funcionario.

En los últimos cuatro años, la Contraloría General de la República ha adelantado auditorías y actuaciones especiales de fiscalización en los distintos departamentos y municipios sobre los recursos que la Nación destina al PAE, dejando como resultado la apertura de más de 113 procesos por irregularidades en el manejo de los recursos del programa alimentario. 

El mes pasado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra diez empresas y 18 personas que lideraron la manipulación de 21 procesos de contratación del PAE en la capital del país.

Según la SIC, los contratistas “se repartían entre ellos las distintas zonas de Bogotá respecto a la contratación del Programa de Refrigerios Escolares, cuyos beneficiarios son más de 780 mil niños en edad escolar,matriculados en el sistema educativo oficial de la Capital de la República".

Con esta práctica, los investigados habrían afectado procesos de contratación por un presupuesto cercano a los 1.5 billones de pesos.