Corte Constitucional visitará estaciones de policía en Bogotá para revisar la crisis de hacinamiento
El tribunal hará seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales en las cárceles.
El 6 y 14 marzo, la Corte Constitucional visitará las estaciones de policía de Bogotá para hacer revisión a las condiciones de hacinamiento y atención humanitaria de los centros de reclusión transitoria de la capital.
La decisión fue tomada por la Sala de Seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucionales decretado por la Alta Corte en 2022, con el objetivo de corroborar el avance en la solución de la crisis humanitaria en cárceles del país.
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En el auto, los magistrados explican que estas visitas tendrán el propósito materializar los principios de oralidad, celeridad, concentración, publicidad y participación.
"Adicionalmente, ha sido considerada por la Corte Constitucional como “una oportunidad para apreciar directamente personas, cosas, circunstancias y demás elementos vinculados (…) y en el curso de la misma adoptar medidas concretas de aseguramiento o defensa de prueba", señala el documento.
La visita se realizará el 6 de marzo en la estación de policía de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y del terminal de transporte.
El 14 de marzo la Sala visitará las estaciones de San Cristóbal, Teusaquillo, la Candelaria, Engativá y Usaquén. Para realizar esta labor la Corte Constitucional le pidió a la Policía que permita el ingreso de las personas y equipos necesarios para hacer la visita.
“Ordenar al Director General de la Policía Nacional y a los comandantes de las estaciones de policía autorizar el ingreso de las personas que participarán en las inspecciones judiciales y de los medios técnicos y tecnológicos que se requieran para documentarlas”, resuelve la Sala de Seguimiento.
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En estas actividades participarán delegados de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá para garantizar intervención y participación de todos los actores de la crisis carcelaria.