Falsa arquitecta del IDU habría intervenido varios contratos de obras en Bogotá
Varios concejales precisaron que esos documentos deben ser revisados por organismos de control.
Desde la bancada de Cambio Radical en el Concejo de Bogotá denunciaron que Liliana Eugenia Mejía González, quien presentó un título falso como arquitecta para trabajar en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), le habría 'metido mano' a varios contratos de la ciudad.
El concejal de ese partido Yefer Vega, quien además funge como primer vicepresidente de la mesa directiva de esa corporación, pidió a los organismos de control a nivel nacional y distrital investigar este caso.
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"Dejó firmados planes de trabajo donde tuvo que avalar estudios previos de por lo menos unas 20 a 25 licitaciones públicas, que definían temas muy importantes como los montos, los tiempos, las garantías para el IDU y los contratistas", dijo.
"Básicamente aquí hay unos temas muy sensibles como los estudios y diseños de la troncal de la Avenida Ciudad de Cali, que tiene un costo o un estimado de 700 mil millones de pesos", agregó.
Agregó que "el tema de los cables aéreos como por ejemplo el de San Cristóbal y otros temas muy importantes donde esta señora 'metió mano'. Debemos claramente solicitar la intervención de los contratos" por parte de los organismos de control.
Vega también explicó que fue el primer concejal que solicitó a la Secretaría General que se modificaran los manuales de funciones de trabajadores distritales y aseguró que "los estaban acomodando para acomodar perfiles y poder pagar favores políticos".
Desde el IDU explicaron que no volverán a hacer un nuevo pronunciamiento, aunque recientemente el director de la institución Diego Sánchez, explicó que tras los hallazgos de irregularidades en los títulos reportados por Mejía, se iniciaron las actuaciones respectivas.
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El funcionario indicó que en lo que va del 2020, no se firmó ningún contrato relacionado con las actuaciones de Mejía en esa entidad.
Sánchez agregó que la polémica ex funcionaria dejó su cargo desde el pasado 20 de junio y que las autoridades competentes llevan el caso, para realizar su investigación y determinar la responsabilidad tras haber acreditado documentos falsos.