Procuraduría solicitó a Peñalosa cumplir sentencia de Consejo de Estado para recuperar río Tunjuelo

La Procuraduría General le solicitó al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, dar inmediato cumplimiento a las órdenes impartidas por el Consejo de Estado en sentencia del año 2002, que impuso a la administración distrital la obligación de ejecutar todas las medidas administrativas y policivas orientadas a la recuperación del corredor ecológico del río Tunjuelo y al control de los factores de contaminación ambiental y los riesgos sanitarios y de salud pública generados por la operación ilegal de más de 100 establecimientos de expendio de carnes ubicados en la zona denominada Guadalupe, localidad de Kennedy.

Preocupa al Ministerio Público que después de 14 años dichas órdenes no hayan sido acatadas, dado que continúa la venta de carne de dudosa procedencia, la manipulación del producto en pésimas condiciones sanitarias y continuamente son arrojadas grandes cantidades de desechos sólidos y líquidos, partes de animales y sangre a la red de alcantarillado y directamente al río Tunjuelo, ocasionando graves daños ambientales, la emisión de olores ofensivos y la presencia de vectores.

Las afectaciones hidráulicas ocasionadas a la cuenca del Río Tunjuelo en esa zona han generado también el riesgo de ocurrencia de desastres como deslizamientos de tierra e inundaciones en los barrios aledaños.

La mayoría de las construcciones del sector ha sido sobre un corredor que forma parte de la estructura ecológica principal de la ciudad, que es suelo de protección con función de conservación y recuperación de recursos naturales como el agua, el aire, la fauna y la flora, además de ser espacio público.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios le recordó al alcalde que el Distrito tiene las herramientas administrativas y jurídicas para erradicar esta problemática, y tendrá que hacerlo rápidamente, pues se encuentra expuesto a que el órgano de control tramite un incidente de desacato por el incumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, lo cual expone a los funcionarios distritales a multas, arresto y sanciones penales.