Concejal de Tuluá figura como comerciante en contrato de ayuda humanitaria

Miembros del CTI de la Fiscalía llegaron hasta la oficina de Carlos Fernando Tovar Perea, Asesor Jurídico de la Alcaldía del municipio de San Pedro, centro del Valle del Cauca, para  detenerlo, al parecer, por la celebración indebida de contratos para la adquisición de mercados en la primera etapa de la cuarentena.

Según la información extraoficial, el funcionario momentos antes de la detención, se había reunido con el alcalde de San Pedro, Jhon Jaime Ospina, en un consejo de gobierno para revisar los temas relacionados con la emergencia sanitaria. 

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Al parecer, el procedimiento también involucró al concejal de Tuluá del Partido Conservador, Carlos Arturo Londoño, quien supuestamente habría participado como comerciante, para la venta de alimentos y elementos con los que completarían los mercados, para finalmente distribuirlos entre las comunidades más vulnerables.

La Fiscalía procedió en este caso debido a la participación del concejal en contratos con el Estado, situación que se convierte en una inhabilidad e incompatibilidad que contempla la Constitución Política.

Las audiencias de garantías se realizarán en las próximas horas en la ciudad de Buga, donde se determinará qué pasará con los detenidos.

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Municipios como Tuluá, Calima, Candelaria y Buenaventura han sido los más afectados por la pandemia del COVID-19 en el Valle del Cauca, donde las autoridades han implementado diferentes medidas para paliar la situación.

En el caso del puerto de Buenaventura casi a diario se presentan manifestaciones por falta de ayudas humanitarias en medio de la cuarentena.