Conflicto armado ha generado 3.500 desplazados de Tarazá a Medellín

Por los enfrentamientos armados entre grupos ilegales en el Bajo Cauca Antioqueño, 3 mil 500 personas se han desplazado de Tarazá a Medellín en el último año, por temor a quedar en medio del fuego cruzado.

La Personería de Medellín informó que entre marzo del año anterior y lo que va corrido de este, han recibido mil 500 declaraciones de familias en busca de apoyo como albergues temporales y manutención.

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Mientras tanto, la secretaria de Gobierno Victoria Eugenia Ramírez, recordó que desde que se conoció sobre estos desarraigos, las familias están siendo atendidas con todas las ayudas humanitarias requeridas.  En la zona hacen presencia el ELN, Los Caparrapos y el Clan del Golfo, que se disputan el control del territorio.

En la sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, convocada por el Ministerio del Interior, se informó que las amenazas, extorsiones, desplazamientos y homicidios, son algunos de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar la población civil, con mayor recrudecimiento desde el año anterior.

¿Qué dice la Personería?

En un comunicado, la Personería de Medellín informó que han sido testigos del aumento de las cifras de desplazamiento forzado intermunicipal, proveniente desde el Bajo Cauca antioqueño, especialmente desde Tarazá y algunas de sus veredas.

Desde el mes de marzo del año 2018 hasta la fecha, se han recibido 1.353 declaraciones provenientes del municipio en mención, lo que equivale al desplazamiento de 3.579 personas y refleja la difícil situación de orden público que se vive en esta zona de Antioquia.

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La Defensoría del Pueblo señaló que la situación es grave por la vulneración de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de alrededor de 4.000 habitantes de este municipio, sus veredas y corregimientos, que se encuentran en medio de arduas confrontaciones de grupos delincuenciales organizados, que se disputan entre otras cosas, el control territorial, el manejo de rentas ilegales y el dominio sobre la siembra de cultivos ilícitos en la región.