Gobierno aseguró que no está modificando acuerdo de paz en medio de emergencia por pandemia

El alto consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, negó que el Gobierno Nacional esté aprovechando la pandemia por la COVID-19, para modificar el acuerdo de paz.

El anuncio fue hecho a través de una carta dirigida al jefe de la misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massieu.

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Archila se refirió a esta situación, luego de que la plataforma 'Defendamos la Paz', argumentara que se estaba minando lo acordado en materia de paz, con la extinta guerrilla de las Farc. 

Cabe mencionar que esa plataforma aseguró que “el Gobierno insistió en el retiro de los senadores y los representantes de la Farc, mientras cumplen las condenas dictadas por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)".

'Defendamos la Paz' también precisó que "esta propuesta fue objeto de un proyecto de acto legislativo derrotado en el Congreso, un proceso luego estudiado por la Corte Constitucional”, mientras agregó que "este punto quedó saldado tanto en la rama legislativa como en la judicial y no proceden modificaciones”.

Por su parte, el consejero Emilio Archila aseguró que esas afirmaciones no son ciertas y que “en todos los reportes mensuales que rinde esta Consejería, cuando se hizo pública la política de Paz con Legalidad (diciembre, 2018) se incluye en la primera parte la transcripción de la introducción de ese documento, que frente a ese propósito se lee respecto de los dos cambios legales“.

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El funcionario también recalcó que “eso se ha propuesto abiertamente y por ello, no afectarán negativamente a ninguno de los que se mantengan fieles a la legalidad del proceso. En particular, no de los derechos políticos adquiridos, no a las personas en proceso de reincorporación, no a las regiones más afectadas por la violencia, no a las familias que se han vinculado al proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca y definitivamente no a las víctimas”.

Enfatizó también que “se ha propuesto que en lo sucesivo ni el narcotráfico ni el secuestro sean reconocidos como un delito conexo al delito político y que se revise el tratamiento para los delitos sexuales contra los menores de edad”.

Finalmente, el consejero presidencial aseguró que “no es cierto que se indique que se hará ninguna nueva propuesta legislativa, como lo afirma la plataforma sin ningún sustento”.