Gremio de pacientes aseguró que la Corte le pide al Gobierno revisar ajustes a la UPC

La organización Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 199 organizaciones de pacientes en todo el país, aplaudió la decisión de la Corte Constitucional por la que se exige al Ministerio de Salud y Protección Social la creación de un mecanismo de reajuste que deberá aplicarse a la UPC de 2024 y 2025. 

El vocero de la entidad, Denis Silva, señaló que la Corte Constitucional ha determinado que existe un incumplimiento general en la suficiencia de la UPC, lo que implica que los recursos asignados no son adecuados para cubrir las necesidades de salud de la población.

“La Corte Constitucional sigue demostrando en sus decisiones que la protección y garantía del derecho a la salud es un elemento prioritario que no puede verse condicionado por limitaciones presupuestarias. Como organización de la sociedad civil, desde Pacientes Colombia nos constituiremos como una veeduría ciudadana para que, en las mesas de trabajo, se tomen decisiones y se evalúen alternativas que respondan a las necesidades de los pacientes. En caso de que el Ministerio de Salud y Protección Social cumpla con lo exigido y se generen giros, revisaremos que esos fondos se destinen a la atención integral en salud, la entrega de medicamentos, asignación de citas, los pagos de los salarios del personal de la salud y la garantía de la red de prestación de servicios”, indicó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. 

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Subrayó que para cumplir con la decisión, la Corte exige al Ministerio de Salud la creación de una mesa de trabajo con la participación plural de los diferentes actores del sector en la que se pueda revisar el valor de la UPC de 2024 y los rezagos desde 2021.

“El propósito de ajustar las primas no reconocidas desde ese periodo, correspondientes a las insuficiencias de los recursos no pagados para la salud de los colombianos. Por este motivo, los movimientos de pacientes hacen un llamamiento al Ministerio para que garantice su participación en estos espacios ordenados judicialmente y que tienen como objetivo tomar decisiones importantes para garantizar el derecho a la salud”, subrayó. 

Recalcó que el punto anterior incluye la definición de los porcentajes y las fechas máximas de pago para el reconocimiento de las cantidades destinadas a garantizar el flujo de recursos a toda la cadena de prestación de servicios de salud y asegurar que los fondos de la UPC se destinen a la ejecución del plan de beneficios en salud.  

“Además, exige reajustar la metodología de cálculo de la UPC para los próximos años, incluida la definición realizada por el Ministerio de Salud a través de la Resolución 2717 de 2024, en la que se ajustó el valor de la UPC en un 5,36 % para 2025”, sostuvo. 

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Silva dijo que la organización de pacientes también celebra la ordenanza de la Corte Constitucional por la que se obliga a la Fiscalía General de la Nación a realizar las investigaciones correspondientes para identificar el cambio de la destinación de los recursos para fines distintos a la atención integral en salud.

“También, el numeral en el que se obliga a las EPS a reasignar los valores para la constitución de las reservas técnicas una vez se hayan cumplido las órdenes anteriormente mencionadas. Desde la sociedad civil, existe una preocupación por el incumplimiento de la cartera de salud de la decisión de la Corte Constitucional, notificada el 21 de enero, en la que se determinó la transferencia de los recursos de reajuste de los Presupuestos Máximos de la vigencia de 2022 en un plazo de 48 horas y la solicitud de recalcular los Presupuestos Máximos para 2025, ya que la asignación de 502 mil millones de pesos resulta insuficiente”, puntualizó.