Leyner Palacios le pedirá a Duque implementar los acuerdo de paz con urgencia

“Tuvimos la oportunidad de visitar las comunidades del municipio y escucharlos con la presencia de las principales autoridades, entre ellos el comisionado de Paz (Miguel Ceballos). Les dejamos como mensaje de esperanza, porque la gente estaba muy preocupada por mi situación y quería ir a saludarlos y darles un poco de ánimo a la gente”, indicó.

A su vez, señaló que “la intención del gobierno es empezar una serie de acciones de presencia social del Estado que me parece muy importante y ojalá se lleven a cabo lo más pronto posible”.

Aseguró que pese a este acompañamiento que ha tenido, sigue con sus preocupaciones enfocadas al tema de la inseguridad en el municipio de Bojayá, la cual ha sido denunciada desde hace mucho tiempo por la Defensoría del Pueblo.

“La problemática de seguridad de Bojayá se ha venido denunciando por parte de la Defensoría del Pueblo desde el 9 de abril y estas alertas no se han atendido, como ocurrió en el 2002 donde no se atendió y la consecuencia fue una gran tragedia”, indicó.

El ganador en 2017 del Premio Pluralismo Global, por reivindicar los derechos y la lucha de las víctimas del conflicto, denunció que los amenazas son constantes en la comunidad.

“Estas denuncias que se han hecho no han sido atendidas. La situación de Bojayá se ha venido agravando paulatinamente; es por eso que la Diócesis de Quibdó y organizaciones como el Foro Interétnico de la mesa indígena le emitieron una carta abierta al señor presidente, Iván Duque, en el mes de noviembre y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta frente a la problemática que se ha señalado en esta carta”, subrayó.

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El líder social señaló que “hoy tenemos ilusión de más de 7 mil personas en confinamiento. La presencia del grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del ELN en estos territorios es un factor que está realmente imposibilitando la vida a la gente, porque allí están condenando a la muerte, por lo que son estos temas los que debe empezar atender el Estado colombiano”.

A su vez, señaló que las amenazas no solo están afectando a los habitantes de la comunidad del municipio de Bojayá sino que también a las demás poblaciones del Pacífico colombiano.

“Los problemas también los viven las comunidades del Bajo Atrato, Riosucio y San Juan, entre otros municipios, donde se tiene una situación precaria. Aquí es todo el Pacífico de convulsión realmente impresionante”, subrayó.

Dijo que como integrante de la secretaría técnica de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), recorre constantemente estos territorios en los que ha sido testigo de esta problemática que afecta a las comunidades.

“Los informes de la Defensoría del pueblo, pero también de otras organizaciones, señalan que Bocas de Opogadó y Napipí y Pogue se presentan dificultades porque la misma realidad lo ha evidenciado las diferentes entidades", precisó..

Agregó, además, que Bojayá tiene alrededor de 19 consejos comunitarios y 32 comunidades indígenas. En la cabecera municipal la fuerza pública está haciendo presencia por el río Bojayá; sin embargo, la mayoría de las comunidades indígenas están en confinamiento hace más de un año.

“El 50 por ciento del territorio de Bojayá, como lo decía el alcalde, hoy está a merced de los grupos armados. Por lo que más siete mil personas se encuentran en esta situación”, subrayó.

El líder señaló que las amenazas que vienen sufriendo otros líderes es grave, porque no se atreven a decir que están amenazados.

“He conocido que en la última semana han amenazado a ocho líderes en el municipio de Bojayá, pero son personas que no pueden denunciar la situación que están viviendo (...) y el hecho de no hablar es una amenaza porque si lo hacen los matan”, subrayó.

Manifestó que “nos preguntamos por dónde se movilizaron y no necesariamente lo hicieron por los caminos sino que tuvieron que haberlo hecho por la Cuenta del Atrato. Y esa zona está totalmente militarizada por parte de la fuerza pública; por lo que los testimonios de la población indican una gran preocupación por un nivel de convivencia de algunas personas de las fuerzas militares en estos territorios”.

Leyner Palacios, quien perdió 32 familiares en la matanza del 2 de mayo de 2002 en Bojayá- fue amenazado un día después de que el defensor del pueblo del Chocó, Luis Murillo, confirmara que los moradores del caserío de Pogue, que hace parte de ese municipio, están confinados por la presencia de hombres armados de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Resaltó que es impresionante ver el número de hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que están circulando por estos territorios.