Organizaciones sociales piden revelar quiénes han sido 'chuzados'

Reinaldo Villalba, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), calificó de graves las denuncias sobre interceptaciones telefónicas a correos y seguimientos ilegales contra periodistas, magistrados y políticos.

Debido a esto, les pidió al presidente Iván Duque y la Fiscalía General de la Nación que informen quiénes son las víctimas de las chuzadas.

También le solicitó a Duque que garantice, como máxima autoridad en Colombia, que los responsables de este tipo de prácticas sean retirados de los organismos de inteligencia del Estado. 

“Resulta inadmisible que ocurran impunemente hechos de esta naturaleza. Solicitamos al Presidente de la República y al Fiscal General de la Nación que brinden información concreta y transparente sobre la identificación de las víctimas de estas actividades criminales, para que puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia, que sea esclarecida la verdad y las responsabilidades a que haya lugar, y se tomen medidas eficaces para que estas graves violaciones a los derechos humanos no se repitan", dijo.  

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Al fiscal General de la Nación encargado, Fabio Espitia, le hizo un llamado para que avancen en las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido en el país con las interceptaciones, y también cómo y quiénes han participado de la planificación y ejecución de esta práctica ilegal. 

"En Colombia, los organismos de inteligencia hacen una labor ilegal y posteriormente se registran asesinatos; es extremadamente grave y preocupante, por esto le hago un llamado Fiscal General de la Nación para que se sepa cuáles son los responsables de las chuzadas", afirmó. 

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El colectivo José Alvear Restrepo y la Federación Internacional de Derechos Humanos indicaron que están construyendo la documentación para presentar ante la Corte Penal Internacional y la Jurisdicción Especial para la Paz la supuesta relación del general en retiro Nicacio Martínez con ejecuciones extrajudiciales que aparentemente se habrían cometido entre el 30 de febrero de 2004 y el 23 de enero de 2006.