Pliego de cargos a curador de Cartagena que otorgó licencia a Aquarella

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al curador urbano número uno de Cartagena, Ronald Llamas Bustos, y al exgerente de corvivienda Luis Vélez Carrasquilla, por presuntas irregularidades en la expedición de la licencia de construcción y certificación de vivienda de interés social al proyecto urbanístico Aquarela.

Según la información de la Procuraduría provincial de Cartagena, al parecer el curador autorizó que el proyecto tuviera 31 pisos, lo que supera la altura permitida por el Plan de Ordenamiento Territorial, situación que también ha afectado el cono visual del Castillo de San Felipe de Barajas.

Además, según el Ministerio Público, al parecer Llamas habría concedido la licencia de construcción en un terreno que se encuentra por fuera de la zona de expansión urbana.

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Entre tanto, la Procuraduría cuestionó al exgerente de Corvivienda Luis Vélez Carrasquilla la presunta expedición al proyecto multifamiliar Aquarella del certificado de vivienda de interés social, sin que al parecer contara con los estudios previos que permitiera clasificar el terreno donde se realizaría la obra.

Por esos hechos, el Ministerio Público profirió dos cargos disciplinarios contra Llamas Bustos, calificados como presuntas faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima. Por su parte, la aparente falta de Vélez Carrasquilla fue calificada como grave a título de culpa grave.

Procuraduría dio traslado para acciones disciplinarias por presuntas omisiones y medidas en Aquarela y el desplome del edificio Blas de Lezo II.

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa dio traslado para el inicio de posibles acciones disciplinarias contra diez funcionarios y exfuncionarios de la Administración de Cartagena, por presuntas negligencias u omisiones en la adopción de medidas para reparar los daños ocasionados por la construcción del proyecto Aquarela y el desplome del edificio Blas de Lezo II.

Destacó la Procuraduría que el traslado incluye como presuntos implicados al alcalde William Dau Chamat; el exalcalde Pedrito Pereira Caballero; el secretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome Peñaranda; el secretario de Planeación, Guillermo Ávila Barragán; el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Distrital, Fernando Abella Rubiano, y el inspector de Policía de la Comuna 2, Renzo Javier Orozco Ribón.

También se dio traslado contra los exsecretarios de Infraestructura, Clara Calderón y Edgar Marín Támara; la exjefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Distrital, Laura Mendoza Bernett, y la exinspectora de Policía de la Comuna 2, Paola Serna Tobías.

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Según el informe, las personas anteriormente señaladas han incurrido en presuntas conductas omisivas, al no ejecutar las órdenes de demolición y lograr la restitución del espacio público invadido por ese proyecto.

Esas conductas omisivas podrían calificarse como faltas disciplinarias graves y gravísimas, y tener, incluso, connotaciones penales para los posibles responsables.

“Nosotros nos estamos moviendo, haciendo lo posible, heredamos una situación caótica desde un punto de vista jurídico, tenemos la espalda vulnerable para cualquier acción que tomemos y eso requiere mucho cuidado”, dijo el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat.

Agregó que, “así como la Procuraduría dio traslado a acciones disciplinarias para mí, por el edificio Aquarela, yo quiero saber ante quien puedo solicitar una acción disciplinaria contra la Procuraduría, porque, a pesar que han pasado varios años, todavía no han sancionado a un solo funcionario que participó en el otorgamiento de esas licencias, quieren sancionar al alcalde pero no a los responsables de ese edificio”.

Por su parte, el exalcalde Pedrito Pereira Caballero, explicó que “en los 14 meses que estuve al frente de la Alcaldía, siempre tuvimos un seguimiento permanente de la Procuraduría en el plan de normalización urbanística y, en ese seguimiento, tomamos la decisión, a través de un proceso policivo, donde se ordenó la restitución de los 619 metros del edificio Aquarela, esa decisión fue apelada por los querellantes pero posteriormente fue confirmada en segunda instancia por el secretario del interior”.

Añadió que, “después hubo una serie de acciones jurídicas en contra de nuestra decisión, entre ellas una acción de tutela, también una acción ante la jurisdicción contenciosa administrativa y todas fueron favorables al Distrito, nosotros mantuvimos la única decisión que se encuentra sobre este edificio, que ordena la restitución del espacio público”.

El exmandatario aclaró que, “cuando el querellado no hizo la restitución dentro de los dos meses que se ordenaba en 2019, recurrimos al juez donde cursa la acción popular, y él nos dio la razón, finalmente el 12 de diciembre del año anterior, el juzgado confirmó que la alcaldía podía proceder a hacer la restitución, pero solo faltaban 18 días para terminar el cargo, que fue cuando se hizo viable esta decisión. Además recuerdo que negamos el perfilamiento de este inmueble”.

El informe entregado por la Procuraduría resalta que ante las deficiencias de sismo resistencia que presenta la estructura, “la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Distrital ha omitido convocar al comité para evaluar la posibilidad de hacer una declaratoria de calamidad pública frente a esa edificación”.

Desplome Edificio Blas de Lezo II

Por el desplome del Edificio Blas de Lezo II, el documento señaló que las administraciones han incumplido, sin justificación alguna, los compromisos adquiridos en el Plan de Normalización Urbanística, sobre todo en lo relacionado con la necesidad de demoler 7 de los 16 edificios construidos por la familia Quiroz, por no cumplir las normas de sismo resistencia.

En el informe se llamó la atención sobre el hecho de que tres de esas construcciones, Alpes 31, Portal de los Alpes y Portal de Blas de Lezo I, presentan un avanzado deterioro estructural y amenazan ruina, con el agravante de que algunos propietarios están ocupando nuevamente los edificios desalojados por el incumplimiento en el pago de los subsidios de arriendo.

Para el Ministerio Público, las posibles conductas cometidas podrían calificarse como faltas graves y gravísimas.