Reclutamiento forzado de menores de edad aumenta a nivel nacional

La Procuraduría llamó la atención de las autoridades, por el incremento del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados en lo corrido de este año. 

El organismo aseguró que ha hecho seguimiento a la problemática por reclutamiento y confirmó que la situación cada vez es más "preocupante", pues aumenta el riesgo para los niños, niñas y adolescentes en varios municipios del país.

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La entidad resalta que, según boletín estadístico de la dirección de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre el 1 de enero al 9 de octubre de 2023, a nivel nacional se han atendido 134 menores de edad en el programa especial para desvinculados. 

La delegada destacó que, del total de menores registrados en la estadística, al menos 11 casos se presentaron en el departamento de Caquetá, pues lo municipios que reportaron casos fueron Florencia con 4, San Vicente con 1, Puerto Rico con 2, Solano con 3 y Solita con 1.

La procuradora para la defensa de los derechos de la infancia, Viviana Mora, señaló que ese reporte confirma lo alertado por la Defensoría del Pueblo cuando aseguró que Caquetá es uno de los departamentos más afectados con este delito.

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"Lo evidenciado coincide con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que identificó los mayores riesgos de reclutamiento en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Meta, Norte de Santander entre otros", aseguró la funcionaria. 

Según ese mismo boletín del ICBF, entre 1999 al 9 de octubre de 2023, han ingresado 7.455 niños, niñas y adolescentes, al programa de atención especializada para la atención menores de desvinculados de grupos armados. 

Pese a la información recolectada por el instituto, la Procuraduría considera que la cifra puede ser mayor, pues podría existir un alto sub registro de casos por miedo a denunciar y a los fenómenos de desplazamiento.

Finalmente la delegada pidió a la Fuerza Pública que haga presencia efectiva en los territorios más afectados y garantizar protección a las comunidades.