Contraloría investiga mal manejo de 11 billones de pesos de la salud, principalmente en el Fomag
La Contraloría ha logrado un resarcimiento de $10.849 millones y un recaudo por cobro coactivo de $174.230 millones.

La Contraloría General de la República reveló que actualmente adelanta 522 investigaciones por posibles malos manejos de recursos en el sector salud, por un monto total de $11 billones.
El organismo de control indicó que a la fecha se han proferido 111 imputaciones de responsabilidad fiscal por un monto de $498.539 millones y se han emitido 41 fallos ejecutoriados con una cuantía de $542.995 millones.
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Entre los hallazgos más destacados se incluyen irregularidades en la habilitación financiera de las EPS, el uso indebido de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y la deuda entre actores del sector salud. También se han generado 14 alertas sobre el modelo de construcción de instituciones hospitalarias del Ministerio de Salud, evidenciando la necesidad de mejorar los procesos de ejecución de obras en el país.
En cuanto a la prestación de servicios de salud, se han identificado problemas significativos en el manejo de los fondos destinados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con hallazgos fiscales por más de $436 mil millones durante 2023 y 2024.
En cuanto a los resultados obtenidos, la Contraloría ha logrado un resarcimiento de $10.849 millones y un recaudo por cobro coactivo de $174.230 millones, sumando un total de $185.080 millones. Además, están en trámite otros 563 procesos de responsabilidad fiscal, que suman más de 11 billones de pesos, así como 148 indagaciones preliminares por un valor de $527.316 millones.
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“No puede afirmarse que la Contraloría General de la República ha estado ausente en el debate de la salud cuando es la entidad que ha generado los informes más contundentes que dan muestra de distintas irregularidades”, recalcó el Vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo.
Finamente, sostuvo que se presentaron informes técnicos que evidencian la mala gestión de los recursos, como el uso indebido de más de $6 billones de pesos de la UPC, destinados originalmente para reservas técnicas, que fueron mal empleados para pagar deudas pasadas.