Nicolás Maduro y sus medidas económicas causan temor

La oposición venezolana expresó sus temores de que las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro aceleren el deterioro del maltrecho tejido industrial del país y "el cierre de más empresas", en el marco de la severa crisis que padece la nación petrolera.

El partido Primero Justicia (PJ), del diputado opositor Julio Borges, advirtió que las medidas, que incluyen la congelación de precios de al menos 25 productos de la cesta alimentaria, harán imposible la reposición de inventarios y profundizarán la escasez que ya golpea a los venezolanos.

"No se pueden fijar precios con una inflación diaria de 3 ó 4 %, es imposible fijar precios a esa tasa y si se fijan precios luego no hay reposición de inventario", dijo a periodistas Ángel Alvarado en representación de la agrupación.

Entre los productos a los que se ordenó el control de precios se encuentran los huevos, la carne, el pollo, la harina de maíz, el arroz y la pasta.

Además de congelar precios, el Gobierno venezolano adelanta desde la semana pasada una reconversión monetaria que suprimió 5 ceros a la moneda, incrementó el salario en 35 veces su monto para llevarlo a 30 dólares mensuales y ancló su moneda, el bolívar soberano, a un criptoactivo denominado "petro", sancionado por Estados Unidos.

Al tiempo, la administración de Maduro ordenó numerosas rebajas de precios a grandes empresas, como las sufridas por la red de farmacias Farmatodo, con presencia en Colombia, a la que se obligó a descontar montos en 1.500 productos que van desde chocolates hasta medicinas.

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Los anaqueles de supermercados y tiendas de la cadena Farmatodo a lo largo del país están vacíos, a solo una semana de haberse tomado las primeras acciones para la "recuperación económica", como llama el gobierno de Maduro a este plan que rechazan opositores y analistas.

Alvarado, también economista y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, agregó que las frecuentes fiscalizaciones y lo que consideró una "política" de "criminalización de la actividad económica", serán responsables del "cierre de más empresas".

Según Alvarado, 50 % de los comercios en el país caribeño no han abierto sus puertas tras las medidas económicas, mientras que la otra mitad está "sumamente atemorizada" por las sanciones que se están aplicando si no regulan los precios en los establecimientos.

En tanto que el también diputado opositor José Guerra resaltó que el Gobierno venezolano no puede "decirle cómo manejar" sus negocios a los privados, puesto que las empresas del Estado "quebraron".

"Quienes quebraron Mercal, Pdval, Cada, Supermercados Éxitos y Abastos Bicentenario -todos establecimientos de venta de alimentos-, pretenden decirle cómo manejar el negocio y fijarle los precios a cadenas de farmacias y supermercados que han sido bien administrados", señaló en su cuenta de Twitter.

La patronal Fedecámaras advirtió que las medidas dejan "en riesgo de quiebra" a todas las empresas del aparato productivo del país, mientras que la oficina de Caracas del órgano consideró que los anuncios traerán "como consecuencia la dependencia económica total del Estado como único abastecedor de bienes y servicios".

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Los bancos venezolanos continúan racionando las piezas del nuevo cono monetario, que simplifica las operaciones en medio del proceso de hiperinflación que sacude al país, y que según el Fondo Monetario Internacional cerrará el 2018 en 1.000.000 %.

En Caracas, las entidades financieras entregaron cantidades racionadas de efectivo a sus clientes, que pasaron horas formados en cola para recibir desde 20 hasta un máximo de 100 bolívares soberanos (0,33 y 1,66 dólares según la tasa oficial de cambio).

El Gobierno asegura que supuestas mafias sacan bolívares hacia Colombia para hacer daño a la economía y que por ello es tan difícil obtener efectivo en Venezuela.

Además, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) anunció una restricción en el uso de las cuentas bancarias venezolanas para los ciudadanos que salgan del país por cualquier motivo.

Con esta medida, el Gobierno venezolano espera "incentivar el uso de las casas de cambio, cuya actividad económica precisamente contempla la recepción y envío de remesas desde el exterior", y frenar así la sostenida alza de la cotización del dólar en el mercado paralelo.

Alvarado también cuestionó esta medida al advertir que puede generar "un gran caos en la economía".