Organismos rechazan posibilidad de congresistas con manejo presupuestal

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, la Corporación Excelencia en la Justicia y Mejor No instaron al Congreso y al Gobierno a no darle vía libre al proyecto que otorgaría manejo presupuestal a legisladores. 

"El presupuesto de inversión de la Nación es de 46,8 billones de pesos. El 20% que pretende autodestinarse él Congreso son 9,36 billones, por lo que se asignaría a cada congresista más de 33 mil millones de pesos (unos 10 millones de dólares, que en 4 años serían aproximadamente 40 millones de dólares), para que lo destinen conforme a su criterio", señala el pronunciamiento.

"También generaría un efecto cascada a nivel departamental y municipal, pues diputados y concejales reclamarían eventualmente el derecho de manejar a su libre arbitrio el 20% del presupuesto de inversión de las gobernaciones y alcaldías del país", agrega.

El 30 de mayo pasado, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, rechazó la posibilidad de que los congresistas manejen directamente 134 mil millones del presupuesto general de la Nación, de unos 250 billones de pesos. 

El jefe de la cartera, por primera vez desde que se presentó el proyecto, se refirió al tema. "El Ministerio de Hacienda ha expresado que está en total desacuerdo. Me parece que contraría el espíritu de la Constitución del año 91 (1991), fue explícito en el contexto de la séptima papeleta el deseo de brindarle solamente al órgano ejecutivo la capacidad de proponer los presupuestos nacionales. Así ha sido en Colombia", aseguró. El acto legislativo fue aprobado en Cámara de Representantes  y tendrá su prueba de fuego en el Senado de la República

El comunicado completo

Hacemos un llamado democrático e institucional al Congreso y al Gobierno Nacional para que se retire el Proyecto de Acto Legislativo No. 211 de 2018 Cámara - 033 de 2018 Senado, que pretende revivir los auxilios parlamentarios, símbolo de la corrupción, razón por la que fueron prohibidos en la Constitución de 1991. El articulado ampuloso y confuso así lo muestran.

Las organizaciones firmantes rechazamos la reforma por las siguientes razones:

1. Estimula la corrupción. El presupuesto de inversión de la nación es de 46,8 billones de pesos. El 20% que pretende autodestinarse él Congreso son 9,36 billones, por lo que se asignaría a cada congresista más de 33 mil millones de pesos (unos 10 millones de dólares, que en 4 años serían aproximadamente 40 millones de dólares), para que lo destinen conforme a su criterio. El cartel de la hemofilia le costo al país más de 80 mil millones de pesos, Odebretch 10,5 millones de dólares. Iniciativas como esta multiplican la posibilidad de que existan nuevos Ñoños e institucionalizan la corrupción.

También generaría un efecto cascada a nivel departamental y municipal, pues diputados y concejales reclamarían eventualmente el derecho de manejar a su libre arbitrio el 20% del presupuesto de inversión de las gobernaciones y alcaldías del país.

2. Elimina la competencia democrática. Haría prácticamente imbatible a cualquier congresista, pues no habría igualdad de oportunidades con los nuevos candidatos que durante 4 años no tuvieron acceso a un presupuesto de tal magnitud. Tendríamos un Congreso permanente, indefinidamente reelecto.

3. Afecta la estabilidad fiscal y desincentiva la inversión extranjera: Esta reforma originaría periodos de inestabilidad fiscal, tal y como ocurrió en el pasado con los “auxilios parlamentarios”, generándole al gobierno la imposibilidad de fijar las prioridades anuales del gasto público. Las calificadoras de riesgo podrían concluir que el gobierno no tiene manejo de la política fiscal, afectando la valoración de esta, rebajando la calificación soberana del país y perdiendo el grado de inversión. Esto genera intereses más altos, encarece la deuda externa, un impacto tributario negativo. Asimismo, debilita el empleo formal.

4. Vicia el Estado de Derecho: Esta reforma traerá como resultado la intromisión indebida en los asuntos propios del Ejecutivo, violando la separación de poderes y desdibujando las funciones naturales de un Parlamento: legislar y hacer control político. Luego de 27 años, el Congreso pretende dar vigencia a una medida que el constituyente primario rechazó. El poder de los congresistas estaría por encima de la política de los partidos, lo cual contribuiría a la anarquía política.