Alejandro Ordóñez dice que Colombia no descarta cualquier salida a la crisis de Venezuela

El embajador ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez, le dijo a LA FM que Colombia no descarta las alternativas propuestas a la crisis de Venezuela, siempre y cuando se ajusten al Derecho Internacional Humanitario. 

"Como lo dijo el presidente Duque, es necesario resaltar el drama de la crisis humanitaria. Esa crisis humanitaria debe ser abordada desde la persectiva regional y dentro de la perspectiva multilateral, debemos insistir nuevamente en ello para lograr afrontar con decisión la crisis política venezolana", aseguró el ahora diplomático en Washington. 

Al ser consultado sobre las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien dijo que "verán en los próximos días una serie de acciones que seguirán aumentando el nivel de presión contra los dirigentes venezolanos, quienes trabajan directamente en contra del mejor interés del pueblo venezolano", Ordóñez fue consultado sobre el eventual apoyo a una opción militar. 

"La Cancillería lo ha reiterado. Y lo ha reiterado con toda claridad, todas las soluciones dentro del Derecho Internacional sin descartar ninguna", dijo Ordóñez al respecto. "Estamos decididos a garantizar que los venezolanos expresen su opinión", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense en alusión a un proceso electoral limpio en Venezuela, aunque no dio más detalles sobre las medidas que el Ejecutivo estadounidense planea llevar a cabo.

Previamente, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, confió en que la Unión Europea (UE) otorgue un apoyo adicional ante la crisis migratoria sin precedentes que afronta Colombia por la salida de venezolanos que huyen de la precaria situación que vive su país.

"Nunca habíamos vivido en Latinoamérica una crisis migratoria de semejante magnitud y la perspectiva que hoy se tiene es que esa crisis migratoria siga incrementándose en los próximos meses, porque la causa que la origina sigue aún existiendo", explicó Trujillo en un encuentro con un grupo de medios en Bruselas (Bélgica), el 20 de septiembre anterior.

El canciller se reunió esta semana con diferentes comisarios europeos y con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, a quienes expuso el desafío al que se enfrenta su país para atender a los migrantes venezolanos. "La respuesta de la Unión Europea ha sido muy positiva. Esta crisis no se ha presentado jamás en América Latina, es una crisis cuya magnitud ya supera a otras crisis migratorias recientes en distintas partes del mundo", señaló el ministro colombiano.

La Unión Europea "también ha venido dando pasos concretos en su política de cooperación" y "tenemos la esperanza de que dé pasos concretos adicionales", añadió. Según Trujillo, la crisis migratoria procedente de Venezuela "debe atenderse con medidas nacionales como hemos venido haciendo", aunque alertó de que hacen falta más recursos para atajar un problema que "tiene una magnitud regional y una magnitud global".

Por ello, a su juicio, "tiene que ser materia de reconocimiento por parte de la región", algo que ya se ha producido en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que ha motivado la designación de un grupo técnico que elaborará un informe sobre la situación para asignar recursos.

En el plano global, Trujillo subrayó que Colombia ha solicitado que se cree un "fondo humanitario de emergencia para fortalecer la capacidad presupuestaria" a fin de atender dicha crisis, propósito para el cual el día 25, en el marco de la Asamblea General de la ONU, ha invitado a países donantes y agencias internacionales y financieras a abordar el asunto.

También valoró la designación del exvicepresidente guatemalteco Eduardo Stein como representante conjunto en Venezuela del ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones "para que coordine la acción multilateral en Colombia y en la región". Según Trujillo, cada día ingresan en Colombia entre 35.000 y 40.000 inmigrantes "pendulares", que van y vienen, mientras que su país es también lugar de tránsito para los que se dirigen a otros Ecuador, Perú o Chile. Además, hay más de un millón de venezolanos que han entrado en Colombia "con vocación de permanencia", de los que un 23,5 % se quedan en la capital.

Preguntado por si Colombia apoyaría una incursión militar en Venezuela, aseguró que su país "rechaza la violencia" y no tiene "ningún espíritu belicista". Y enfatizó: "Vamos a seguir acudiendo a todos los mecanismos políticos y diplomáticos en el marco de una gran alianza de naciones democráticas para crear las condiciones a fin de que finalmente, más temprano que tarde, el pueblo venezolano pueda escoger libremente y mediante procesos transparentes el gobierno que desee".

La denuncia ante la CPI

Los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú pedirán el próximo martes a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

"Nos hemos coordinado los cancilleres de cinco países, concretamente, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Vamos a firmar el martes por la tarde una carta dirigida a la CPI pidiendo que se inicie una investigación preliminar de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela", explicó el vicecanciller peruano, Hugo de Zela. El vicecanciller, de visita de trabajo en Washington, aseguró que Canadá estudia unirse a la denuncia, aunque aún no ha tomado una decisión.

La misiva de los cinco cancilleres irá acompañada de dos informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos, detalló De Zela. El otro informe es el que redactó un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Ese grupo de expertos concluyó que existía un "fundamento razonable" para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la CPI.

Almagro ya remitió ese informe a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en mayo para pedirle que abriera una investigación. Los cancilleres no pedirán a la Fiscalía de la CPI que investigue a una persona concreta, sino que "se verifique en la investigación preliminar quiénes son los culpables", precisó De Zela.

La demanda de los cinco países latinoamericanos, inédita en los dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países.

Los cancilleres han decidido dar ese paso porque se ha alcanzado un punto de "no retorno", en opinión del político peruano. "La impunidad -subrayó- ha llegado a un extremo que ya se hace insostenible, ya en este momento de manera racional nadie puede negar que en Venezuela hay un abuso de poder diario y que la gente está sufriendo, y es obligación humanitaria de los países poner en marcha todos los mecanismos legales de los que disponemos para tratar de impedir que esto continúe".