La ONU le exige a Brasil respetar derechos de los drogodependientes

Brasil debe ofrecer tratamientos que respeten los derechos humanos y la dignidad de los drogodependientes, exige el órgano de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados antinarcóticos.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) critica, en su informe anual difundido en Viena, los tratamientos obligatorios de desintoxicación en ese país y que, en muchos casos, sus métodos no tengan base científica.

"La Junta desaconseja el tratamiento obligatorio para rehabilitar a los pacientes con trastornos por consumo de drogas y exhorta al Gobierno de Brasil a crear servicios de tratamiento voluntario con base empírica y en los que se respeten debidamente los derechos humanos", señala la JIFE.

En junio de 2019, el gobierno liderado por el populista Jair Bolsonaro aprobó una ley que permite, por un lado, el internamiento obligatorio de consumidores de drogas, y, por otro, el tratamiento de estos pacientes sin su consentimiento en determinadas circunstancias.

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La JIFE considera que se trata de una práctica que atenta "contra los derechos humanos" y advierte a Brasil de que los motivos médicos no deben emplearse para aplicar medidas que vulneren "la dignidad de las personas que consumen drogas".

Estas prácticas no solo atentan contra los derechos fundamentales sino que, según recoge un estudio nacional realizado en 2017 y citado por el informe, el 95 % de las "comunidades terapéuticas" donde se aplican tratamientos, incluso a menores, no se basan en ninguna evidencia científica.

Por eso, la JIFE reclama también la puesta en marcha de "servicios de tratamiento voluntarios" en Brasil que estén avalados por datos clínicos y sean de demostrada eficacia.

De forma general, este órgano pide a todos los Estados que las políticas de drogas estén basadas en la evidencia científica y en el respeto a los derechos humanos de los consumidores, a quienes no se debe estigmatizar.

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"Los derechos humanos son inalienables e irrenunciables y las medidas adoptadas por los Estados que contravienen las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas también incumplen los tratados de fiscalización internacional de drogas", concluye la Junta.