Miembros del Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia enfrentan nuevas sanciones de EE.UU.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones económicas por narcotráfico contra varios ciudadanos colombianos miembros del grupo Segunda Marquetalia y del Clan del Golfo.

Uno de los sancionados por el Departamento del Tesoro es Allende Perilla Sandoval, miembro del grupo Segunda Marquetalia, una de los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Washington le acusa de controlar rutas del narcotráfico a lo largo del Pacífico de Colombia y Ecuador, de operar laboratorios de cocaína y de coordinarse con el Cartel de Sinaloa para distribuir la droga a Estados Unidos y Europa desde México y Centroamérica.

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El Tesoro también sancionó a su socio Camilo Esteban Betancourt Rosero por lavado de activos del narcotráfico, compra de armas y construcción de submarinos para el transporte de droga.

Según Washington, Betancourt también sirvió de nexo entre Allende y el ciudadano lituano Virginijus Labutis, que opera una red de narcotráfico en Europa y que también fue sancionado hoy por el Tesoro.

Labutis, además, ejerce como directivo y representante de una sociedad colombiana bajo el nombre Atiya S A S, dedicada al negocio inmobiliario y también sancionada por el Tesoro.

Además de Allende y Betancourt, Estados Unidos sancionó a los miembros del Clan del Golfo Orozman Orlando Ostén Blanco, Elkin Casarrubia y Luis Armando Pérez Castañeda, a los que acusa de narcotráfico.

Allende fue designado por la Segunda Marquetalia como uno de los representantes de los diálogos de paz con el Gobierno y en abril pasado la Fiscalía suspendió temporalmente su orden de captura en Colombia.

Las órdenes de captura contra los tres sancionados del Clan del Golfo también fueron temporalmente suspendidas por la Fiscalía en octubre después de que el grupo los designara como miembros de un "espacio de conversación" con el Gobierno que no ha arrancado.

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Las medidas adoptadas por Washington conllevan el bloqueo de cuentas y propiedades que las personas y entidades sancionadas puedan tener en Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con ellas.