Militares detuvieron cinco colombianos y dos ecuatorianos por minería ilegal en Venezuela

Militares de Venezuela detuvieron a cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana y a dos ecuatorianos en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), "dedicados a la minería ilegal", informó este lunes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

En su cuenta de Twitter, el funcionario publicó las fotografías y nombres de los detenidos y reafirmó que "en Venezuela está prohibida la explotación minera en parques nacionales o reservas forestales".

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"La ordenación territorial establece que el Yapacana es parque nacional con administración especial y nadie está autorizado ni siquiera para ocupar o hacer presencia sin permiso del Estado", dijo el militar.

En otro mensaje, Hernández Lárez aseguró que durante la detención de estos ciudadanos, también fueron destruidas varias estructuras de "alojamiento y depósitos" de materiales para la minería, entre los que contabilizaron 26 motores de compresión, 14 plantas eléctricas, 13 bombas de succión, seis moledoras de piedras, cuatro sierras eléctricas y otros materiales, como cables y mangueras.

También fueron "desmantelados seis comercios de trata de personas, ventas de alcohol, sustancias psicotrópicas, estupefacientes y otros infames vicios" que funcionaban dentro del parque nacional.

Aseguró que los funcionarios de la FANB continuarán "desplegados en el Parque Nacional Yapacana en labores de resguardo y protección ambiental", en el marco de la Operación Autana, que ha incluido numerosos operativos para desmantelar estructuras de minería ilegal y detener personas que explotan riquezas en el sur del país ilegalmente.

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La semana pasada, los militares detuvieron a otros cinco colombianos y un brasileño dedicados a la "minería ilegal, permanencia arbitraria y ocupación ilegal" en el mismo parque nacional.

En los últimos años, las autoridades venezolanas intensificaron la vigilancia en las zonas mineras de Amazonas y Bolívar con el objetivo de erradicar a grupos irregulares que extraen riquezas de la tierra, lo que ha dejado enfrentamientos armados, detenciones y denuncias de ONG de abuso de poder contra pueblos indígenas.