Reforma pensional en Chile: aumentan la PGU y cotización empresarial

El gobierno chileno anunció una ambiciosa reforma al sistema de pensiones, que incluye un aumento progresivo de la Pensión Garantizada Universal (PGU) hasta los $250.000 pesos chilenos (1.065.717 colombianos) y la incorporación de una nueva cotización de 7% por parte de los empleadores. La medida busca mejorar la calidad de vida de los jubilados y corregir inequidades del sistema actual.

Aumento de la PGU

Uno de los puntos destacados de la reforma es la ampliación gradual de la PGU. A los seis meses de publicada la ley, el beneficio aumentado se entregará a los pensionados de 82 años o más y a los acogidos a leyes reparatorias como Rettig, Valech y exonerados políticos. A los 18 meses, el beneficio se extenderá a los mayores de 75 años, y finalmente, a los 30 meses, alcanzará a todos los adultos de 65 años o más.

El aumento de la PGU se financiará con recursos provenientes de la Ley de Cumplimiento Tributario. Durante los primeros cinco años, su reajuste se realizará en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tras lo cual el Consejo Consultivo Previsional (CCP) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) evaluarán futuros aumentos.

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Nueva cotización y Seguro Social

Actualmente, los trabajadores aportan un 10% de su salario imponible y los empleadores un 1,5% al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Con la reforma, los empleadores deberán cotizar un 7% adicional, con un plazo de implementación de nueve años para las pymes.

El 8,5% total que pagarán los empleadores se distribuirá de la siguiente manera:

• 4,5% a cuentas individuales de los trabajadores.
• 2,5% al Seguro Social, que financiará contingencias, invalidez y una nueva Compensación para Mujeres por su mayor esperanza de vida.
• 1,5% al Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida, que otorgará un beneficio de 0,1 UF por año cotizado hasta un tope de 2,5 UF.

Regulaciones al sistema previsional

La reforma también impone nuevas regulaciones a la industria de previsión social. Se permitirá la participación de nuevos administradores de fondos, incluidos actores como las Sociedades Administradoras Generales de Fondos (AGF) y las Cajas de Compensación, bajo fiscalización de la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Entre las nuevas restricciones, se establece que las administradoras:

• No podrán pertenecer al mismo grupo empresarial.
• No podrán invertir en activos emitidos o intermediados por entidades vinculadas.
• No podrán ofrecer servicios ajenos a su giro ni otorgar incentivos para captar afiliados.

El Instituto de Previsión Social (IPS) podrá asumir funciones de soporte a las entidades inversoras y la Tesorería General de la República podrá participar en la cobranza previsional mediante licitación.

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Modificaciones en la administración de fondos y cobertura previsional

El sistema de multifondos será reemplazado por un esquema de fondos generacionales, donde la estrategia de inversión se ajusta según la edad del afiliado. Además, el Seguro de Lagunas Previsionales ampliará su cobertura a beneficiarios del Seguro de Cesantía.

Para trabajadores independientes, se habilitará un mecanismo de cotización voluntaria mediante pagos automáticos con cargo a cuentas bancarias. Asimismo, se permitirá la cotización solidaria para afiliados voluntarios, financiada por cónyuges y familiares cercanos.

La reforma fortalece la Superintendencia de Pensiones mediante un Consejo Asesor que supervisará la licitación de afiliados. Además, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) administrará el Seguro Social, garantizando independencia del gobierno de turno y transparencia en la gestión de recursos.

El consejo directivo del FAPP tendrá cinco integrantes, designados por el Presidente de la República con aprobación del Senado. Su estructura será paritaria y sus miembros tendrán experiencia en administración de inversiones, regulación, pensiones y macroeconomía.

Además, el FAPP deberá realizar estudios actuariales sobre la sostenibilidad financiera del sistema, cuyos resultados serán evaluados por el Consejo Fiscal Autónomo. En caso de riesgos de insostenibilidad, se implementarán ajustes en el Seguro Social.

Por último, se reforzará el Consejo Consultivo Previsional (CCP), dotándolo de mayores recursos, y se modificará la Comisión de Usuarios del sistema de pensiones para aumentar la transparencia en la elección de directores en las empresas donde invierten los fondos de pensiones.