Tribunal de Ecuador dejó en firme juicio contra vicepresidente Naranjo y cinco exmilitares

La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, en Ecuador, rechazó el recurso de apelación que había sido interpuesto para tumbar la el proceso judicial contra el actual vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo y cinco exmilitares colombianos, por el ataque de la Fuerza Pública a un campamento de las Farc que estaba en el vecino país y en el que fue abatido alias Raúl Reyes.

Este proceso judicial inició su trámite en el año 2011, buscando que a los implicados se les acuse por la muerte de cuatro ciudadanos mexicanos que perdieron la vida durante el bombardeo de Angosturas en 2008. En este bombardeo murieron alias Raúl Reyes, 22 guerrilleros de las Farc y cuatro estudiantes mexicanos.

La decisión de los jueces ecuatorianos establece que el recurso se apelación fue “ilegalmente interpuesto e indebidamente concebido” y pide que “se presenten voluntariamente o a su vez, se proceda a su ubicación, localización y captura de los procesados para que se realice la audiencia de juzgamiento”.

Tras inadmitir el recurso, el Tribunal Primero de Garantias Penales citó, además del vicepresidente Naranjo, a los también generales (r) Freddy Padilla de León, Mario Montoya, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros y el coronel de la Policía Camilo Ernesto Álvarez para que respondan por el delito de homicidio.

Este fallo fue emitido el pasado 16 de marzo y allí se pide a la Interpol que emita las respectivas órdenes de captura, en caso de que los funcionarios decidan no presentarse ante los jueces. Inicialmente la Interpol se negó a emitir dichas órdenes, ya que asegura que se trata de un asunto diplomático.

Desde julio de 2011, cuando el expediente llegó a manos del Tribunal de Sucumbíos, los uniformados colombianos fueron acusados por la muerte de los cuatro ciudadanos mexicanos, estudiantes de la Universidad Autónoma de México. Las familias de los estudiantes aseguraron que su presencia en el campamento de Reyes obedecía a razones académicas.

Por su parte, fuentes del Gobierno Nacional manifestaron que no habrá un pronunciamiento oficial al respecto, ya que, al parecer, esta demanda no cumple con los requisitos del Derecho Penal Internacional, el cual establece que este proceso debió realizarse entre ambas naciones y no demandando sujetos en particular.