Víctimas de esterilizaciones forzadas buscan justicia en Japón

Junko Iizuka aún recuerda bien el día en que la llevaron al hospital para esterilizarla, y cómo se despertó en la cama con una enorme cicatriz en el vientre. Era adolescente y no sabía lo que estaba pasando.

Como miles de japonesas --16.500 según estadísticas oficiales-- esta septuagenaria, que cuenta su historia bajo pseudónimo, sufrió una esterilización forzada a los 16 años en el marco de una ley dirigida a personas discapacitadas y que estuvo vigente hasta 1996.

No fue consciente de lo que había sucedido hasta tiempo después, cuando escuchó a sus padres hablar de la operación.

"Ahí empecé a angustiarme", recuerda al recibir a la AFP en su pequeña propiedad de Sendai, en el norte de Japón. Sin disculpa oficial  

El texto, instaurado en 1949, permitía a los médicos esterilizar a personas con discapacidades mentales hereditarias, con el objetivo de "impedir el nacimiento de niños con capacidades reducidas". En países como Alemania y Suecia hubo leyes similares de eugenesia.

Unas 8.500 personas fueron operadas bajo su consentimiento, según las autoridades, aunque algunos juristas consideran que fueron "forzadas de facto", a través de la presión ejercida sobre sus familias.

Dos años antes, la madre adoptiva de Junko Iizuka la había internado en un establecimiento especializado, aunque nunca se le diagnosticó una discapacidad mental.

Su padre biológico le confesó que unos responsables locales "le presionaron en varias ocasiones" para que firmara el documento que autorizaba la operación, cuenta.

Junko Iizuka se casó y adoptó un niño, pero lamenta no haber podido tener nunca un hijo biológico.

"Quiero que me devuelvan lo que perdí, pero sé que nunca podré volver atrás. Lo que siento es más fuerte que un simple lamento", reconoce.

Hace 20 años que Junko Iizuka intenta ante los diferentes gobiernos que se reconozca el trauma que sufrió, pero la respuesta siempre es la misma: el procedimiento era legal en aquel momento, por lo que no podrá recibir ninguna disculpa ni compensación. "Violación de los derechos humanos"  

Es el mismo discurso que escuchó Michiko Sato al defender a su cuñada Yumi, esterilizada cuando era adolescente. Las dos mujeres hablan también bajo pseudónimo.

"Me metí en esta lucha pero, sinceramente, siento un gran vacío cuando me pregunto '¿Por qué debemos luchar cuando es una violación evidente de los derechos humanos?'", dice Michiko con indignación.

Se enteró de la situación de su cuñada hace 40 años, al casarse con 19 años con el hermano de Yumi, entonces de 18.

"Durante años me pregunté por qué fue esterilizada, y el año pasado me enteré de que fue forzada a ello".

Cuando era pequeña, Yumi tenía problemas de aprendizaje debido a una anestesia que le pusieron de bebé. Aunque su incapacidad no era hereditaria, fue esterilizada igualmente.

Con ayuda de Michiko presentó una demanda contra el gobierno reclamando disculpas y una indemnización, algo inédito en el país. Años de sufrimiento  

Esta denuncia llevó a otras víctimas a salir de la sombra. Como un hombre de 70 años que escuchó hablar del caso de Yumi Sato y se dijo "¿No es lo mismo que me sucedió a mi?".

"Sufro desde hace años por esta cuestión", reconoció hace poco a la prensa bajo condición de anonimato.

Se casó unos años después de ser esterilizado, pero no se atrevió a hablarle de ello a su esposa hasta poco antes de su muerte, en 2013.

"Sufría cuando veía a mi esposa con hijos de otras personas en brazos", recuerda.

El gobierno pidió al tribunal rechazar la denuncia de Yumi Sato, indicó el abogado de esta última, Koji Niisato. Pero en marzo un grupo de diputados se comprometieron a estudiar posibles compensaciones a las personas afectadas.

Las víctimas y sus abogados consideran que las cosas avanzan demasiado despacio.

"La gente está envejeciendo. Por favor, avancen rápidamente", reclamó en marzo ante los diputados Junko Iizuka, quien lucha contra un cáncer de mama.

Con información de AFP - Kyoko HASEGAWA