Ambientalistas fueron asesinados porque reconocieron a dos de los ladrones: defensa
Uno de los presuntos asesinos aseguró que la intención era robarlos, pero todo se salió de control.
El abogado Raúl Serrano, defensor de Giovani Ortiz -uno de los tres capturados y señalado de haber participado en el asesinato de los ambientalistas Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve en Magdalena-, aseguró que el crimen se produjo en medio de un delito de hurto.
El jurista indicó que durante las audiencias de imputación de cargos contra las personas capturadas se van a conocer los datos exactos de cómo sucedieron los hechos, pero que "el móvil es el hurto".
"Según relata el señor Giovani Ortiz, el móvil es el hurto. Pero que dentro de ese hurto que se cometió, una de las dos personas (víctimas), lo reconoció a él y al 'veneco', otro de los presuntos participantes en el atraco", indicó.
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Según el abogado Serrano, por el reconocimiento que hizo la pareja de uno de sus victimarios es que los implicados decidieron asesinarlos. De acuerdo al abogado podría haber más personas vinculadas al hecho.
"El señor Giovani Ortiz, quien fue la persona que se entregó, dijo durante el interrogatorio que hay un tal Armando y un tal 'veneco', pero se desconoce el paradero de esas personas", agregó.
El abogado aseguró igualmente que tratará de desvincular a su cliente de algunos delitos que se les imputan a otras personas. "Él (Jaider) participó en el hurto, más no en el homicidio y las otras dos personas, no tengo conocimiento, pero están vinculadas en el hecho", añadió.
De acuerdo al abogado Serrano, su defendido lo único que hizo en el crimen fue llevarse el vehículo hasta La Guajira y venderlo.
Los cuerpos sin vida de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve fueron hallados el pasado lunes 23 de diciembre, en una región enmontada de la vereda Perico Aguao, jurisdicción del corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta.
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Los cuerpos fueron encontrados amarrados, con los rostros cubiertos y con impactos de bala.
Desde el momento en que se presentaron los hechos se inició una investigación por parte de la fuerza pública, intensificando las acciones a partir del Consejo Extraordinario de Seguridad, que presidió en Santa Marta el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
Por su parte el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para ayudar a esclarecer el crimen.