Karen
Ortiz
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Abren investigación disciplinaria contra el alcalde de Santa Marta
La Procuraduría investiga al funcionario por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
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Actualizado:
Martes, Octubre 30, 2018 - 17:24
La Procuraduría inició investigación contra el alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez por irregularidades en el PAE.
El Heraldo
El procurador General de la Nación, Fernando Carillo, anunció desde Santa Marta que ordenó abrir una investigación disciplinaria en contra del alcalde de esa ciudad, Rafael Alejandro Martínez, y al secretario de Educación del municipio, Julio César Aguilar, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Según el Ministerio Público, los funcionarios no habrían adoptado las medidas necesarias para que cerca de 42.000 estudiantes de 73 instituciones educativas de Santa Marta fueran cubiertos por el programa desde el inicio del calendario escolar de 2018.
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La Procuraduría indicó que, de acuerdo con las investigaciones, solo hasta el mes de marzo la administración abrió el proceso licitatorio para adjudicar el servicio de alimentación, gestión que fue iniciada por el fallo de una acción de tutela.
En medio de las indagaciones, el ente de control indicó que era “inquietante el hecho de que la administración municipal no hubiera, aparentemente, iniciado a tiempo las gestiones y trámites pertinentes para garantizar la prestación eficiente y eficaz del PAE desde el inicio del calendario escolar”.
Asimismo, en medio de su visita a la capital del Magdalena, Carrillo indicó que la Procuraduría instauró una acción popular para que las autoridades ambientales adopten las medidas necesarias para lograr la descontaminación y recuperación de la bahía de Santa Marta.
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La acción fue instaurada contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Dirección General Marítima (DIMAR), la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpomag), la alcaldía de Santa Marta, entre otros, para que le exijan a las empresas del sector industrial, comercial y de servicios que suspendan sus vertimientos a los cuerpos de agua de la bahía.
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