Agencia Nacional de Defensa solicitó a la JEP investigar los crímenes ambientales por las Farc

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Álzate, solicitó de manera formal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigar, sancionar, esclarecer y reparar por los graves crímenes ambientales cometidos por las Farc durante el conflicto armado.

Gómez Álzate envió una carta al Presidente de la JEP en la que expone las razones por las cuales ese tribunal está llamado a iniciar un macroproceso encaminado a la sanción de los graves delitos ambientales que cometieron las Farc antes del primero de diciembre de 2016. 

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En la solicitud,  se hace un relato de los hechos más relevantes sobre el daño ambiental ocasionado por esa antigua guerrilla en el marco del conflicto.

“Las Farc perpetraron, durante muchos años y de manera sistemática, atentados terroristas que afectaron gravemente el medio ambiente, ataques contra la infraestructura petrolera que produjeron enormes derrames de crudo, atentados con cilindros de gas que causaron grave daño ambiental”, dijo Gómez Álzate.

De acuerdo con la Agencia Jurídica los exmiembros de las Farc actuaron de la mano del narcotráfico siendo cómplices de la deforestación sistemática, protegieron los laboratorios de procesamiento de drogas participando de forma directa o indirecta en el vertimiento de miles de toneladas de insumos químicos sólidos y millones de litros de químicos en los ríos.

También explicó que estas actuaciones delictivas están tipificadas tanto en el ordenamiento jurídico colombiano como en las normas de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Los delitos contra el medio ambiente y los graves atentados contra el entorno natural son faltas penalizadas por el régimen de protección de los Derechos Humanos y por el DIH bajo la modalidad de crímenes de guerra y por lo tanto no pueden ser materia de amnistía o indulto”,  manifestó Gómez Álzate.

Según la Corte Penal Internacional CPI estos graves hechos son conductas que deben ser materia de persecución y castigo, inicialmente por las autoridades judiciales nacionales, aunque siempre con el apoyo y acompañamiento e incluso con la competencia residual de ese tribunal.

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Agregó que espera que esta solicitud de la Agencia Jurídica del Estado sea acogida y atendida con prontitud por parte de los magistrados de la JEP.