Alcalde Chaparral fue imputado por corrupción en Juegos Nacionales 2015
Otras cinco personas fueran imputadas por las presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de un coliseo.
La Fiscalía seccional Tolima imputó cargos a Hugo Fernando Arce Hernández, actual alcalde del municipio de Chaparral, por su presunta participación en las irregularidades del escándalo de corrupción de los Juegos Nacionales 2015, año en el que también ocupaba el cargo de mandatario.
Igualmente fueron imputadas otras cuatro personas, entre ellas el secretario de Infraestructura y Desarrollo y miembro del comité evaluador y supervisor contractual, José Ricardo Barrera Rodríguez, al supuestamente tener relación con las inconsistencias que habría tenido el contrato para la construcción del coliseo de la localidad.
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El ente acusador reveló que en marzo de 2019 los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detectaron irregularidades en la etapa precontractual, también en la contractual y en la de liquidación de un contrato suscrito en el 2015 para la edificación del escenario deportivo, el cual alcanzó un valor de 6.000 millones de pesos.
Al parecer, los pliegos de condiciones del proceso fueron modificados, lo que generó sobrecostos por más de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes en ese momento. Las variaciones fueron en los ítems de los estudios y diseños.
Igualmente se evidenció que las obras se desarrollaron de forma inadecuada, con materiales de mala calidad y acabados irregulares, sin embargo, así fue recibida y su contrato fue liquidado con normalidad.
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Por responsabilidades individuales los implicados fueron imputados con los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Las demás personas vinculadas a este proceso son Camilo Andrés Busto Varón, contratista y representante de la Unión Temporal Juegos Nacionales; Juan de Dios López Ortiz, integrante de La Unión Temporal Juegos Nacionales y subcontratista, al igual que Celso Román González y José Rodrigo Herrera Mejía, quienes se desempeñaron como interventores.