Alerta por sobrecostos en contratos de elementos de protección en el Ministerio de Defensa

La Contraloría General de la República informó que se han generado 108 alertas en todo el territorio nacional, relacionadas con el mal manejo de los recursos dispuestos para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del coronavirus. 

Esa entidad inició 27 indagaciones preliminares, entre las que se destaca un proceso en contra del Ministerio de Defensa, por un presunto sobrecosto en la compra de elementos de protección de bioseguridad que asciende a los 1.269 millones de pesos. 

“Se trata del contrato 0047-ARC-CBN6-2020 del 8 de abril de 2020, suscrito entre la Armada Nacional Base Naval #6 ARC Bogotá con Medivalle SAS, para la adquisición a todo costo de elementos como tapabocas para los servidores públicos de la Armada Nacional, con el fin de atender la emergencia sanitaria del COVID-19”, explicó el contralor general, Carlos Felipe córdoba. 

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El funcionario agregó que los primeros resultados sobre esta investigación se conocerían aproximadamente en un mes y medio, para determinar si se lleva a cabo un proceso de responsabilidad fiscal. 

Por otra parte, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Contraloría también abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 1.050 millones de pesos contra el gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, por sobrecostos en un contrato de suministro logístico y entrega de 33 mil 437 kits de ayuda alimentaria, a la población más afectada por la emergencia sanitaria.

Al proceso también fueron vinculados el secretario de Gobierno y el secretario de Desarrollo Social, así como el coordinador de Gestión del Riesgo Departamental y la firma contratista Multiservicios Mael SAS Zomac. 

Esa entidad estableció un presunto sobrecosto del 31% en los kits adquiridos a través de este contrato, en productos tales como sal, panela y pasta.

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“Se evidenció falta de planeación en esta contratación por 4 mil 463 millones de pesos. No están soportadas las cotizaciones realizadas y no existió análisis de los costos y gastos incurridos por el contratista”, afirmó Córdoba.