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Choque entre Abelardo de la Espriella y Julián Bedoya por caso Pretelt
El abogado y el representante hablaron con LA F.m. tras los señalamientos hechos por la Fiscalía contra el magistrado.
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Miércoles, Mayo 11, 2016 - 09:21
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La Fiscalía General de la Nación entregó ante el Senado un expediente en el que estarían las pruebas en contra del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, por solicitar dinero a Fidupetrol para favorecerlos en una tutela.
El fiscal (e) Jorge Fernando Perdomo aseguró que no hay duda alguna de la petición de ese dinero y que eso ya constituye un delito. “Para nosotros es claro dentro de la investigación que hubo la solicitud de dinero y que eso lo declaró Víctor Pacheco y pudo ser corroborado con muchos otros elementos materiales de prueba”.
El pronunciamiento de Perdomo se dio después de que el representante investigador Julián Bedoya explicara a la plenaria del Senado el expediente de Pretelt. El fiscal (e) señaló que las pruebas son contundentes. “Para la Fiscalía no existe ninguna duda de que estos hechos existieron, que el magistrado sí pidió la plata y eso se constituye en un delito”.
Para algunos legisladores causó malestar que Perdomo haya presentado las pruebas a esta altura del proceso y cuestionaron que no se haya hecho cuando la Cámara de Representantes aprobó la acusación. Precisamente, Julián Bedoya socializó con la plenaria del Senado los testimonios que se recolectaron para el proceso.
“Queda más que probado en el expediente que la empresa Fidupetrol constituyó todo un plan para permear a la Corte Constitucional y lograr una decisión favorable a los intereses de Fidupetrol. Queda plenamente probado en el expediente que victos pacheco no fue contratado por dicha empresa por sus avezados conocimientos en Derecho Constitucional, si no por su capacidad de lobby y de cercanía a algunos magistrados y en especial por su amistad con Pretelt”.
Ahora los integrantes de la comisión instructora del Senado definirán si se anexarán las nuevas pruebas al expediente del magistrado de la Corte Constitucional.
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