Consejo de Estado define si estudia o no demanda por asesinato de diputados del Valle

Para los demandantes en efecto existió una responsabilidad por parte de las entidades del Estado teniendo en cuenta el clima de violencia que existía para la época de los hechos, los secuestros selectivos que se estaban presentando de dirigentes políticos y la situación de orden público en el Valle del Cauca.

Igualmente consideran que la culpa del secuestro y asesinato recae sobre la guerrilla de las Farc, principalmente sobre su Secretariado, el Estado tenía la obligación constitucional de brindarle protección a todos los ciudadanos, situación que no se presentó en este caso.

En este sentido se manifiesta que existe una responsabilidad por un “error táctico” mientras los diputados se encontraban secuestrados. Recuerdan que ya la justicia condenó administrativamente a la Policía Nacional por los hechos que rodearon el secuestro de los dirigentes políticos.  

Los diputados fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 en la sede de la Asamblea en el centro de Cali por un grupo de guerrilleros que entraron vestidos con uniformes del Ejército Nacional. Tras anunciar a presencia de una bomba en la edificación iniciaron el proceso de desalojo.

A los diputados los subieron a un bus que estaba ubicado en la salida de la edificación y los sacaron de la ciudad. En un punto, como se registró en un video grabado por las Farc, se les anunció que era un secuestro y que a partir de ese momento estaban bajo su poder.  

El 28 de junio de 2007, el grupo guerrillero confirmó que once de los doce legisladores del Valle del Cauca, habían muerto diez días antes por el fuego cruzado con un grupo militar, que no identificó, durante un ataque a un campamento guerrillero. Sin embargo, luego se comprobó que habían sido asesinados con un tiro de gracia y sepultados en una fosa común.