Consejo de Estado inadmite demanda contra el Fiscal General

El Consejo de Estado decidió no darle trámite de fondo a la demanda interpuesta contra la elección del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por el caso relacionado con la multinacional Odebrecht. 

El magistrado Carlos Moreno, a quien le correspondió el caso en la Sección Quinta del alto tribunal, consideró que se habían vencido los términos que permite la ley para presentar una demanda contra una elección. 

“La demanda se presentó extemporaneamente, después de los 30 días que tienen tras la elección para presentarla”, explicó una fuente de la Corporación. 

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Los demandantes (Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y Jorge Iván Cuervo) tienen derecho a presentar un recurso conocido en el sistema judicial como el derecho de súplica. 

Dicho recurso se podrá presentar dentro de los tres días siguientes a la notificación de la decisión. Posteriormente, los magistrados que entrarían a revisar el caso serían Lucy Jeaneth Bermúdez, Alberto Yepes y Rocío Araujo, quienes hacen parte de la Sección Quinta. 

La demanda busca que el Consejo de Estado declare nulo el acuerdo mediante el cual la Corte Suprema de Justicia eligió al hoy Fiscal General al considerar que omitió información durante su presentación en la postulación al cargo, lo que llevó a que la Corte tomara su decisión con información incompleta, según los demandantes. 

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“Néstor Humberto Martínez no fue transparente durante el proceso de selección en el que resultó elegido Fiscal General. De esta manera a través de la figura de anulación electoral  piden que se anule el acto de elección”, señalan los demandantes en un comunicado. 

Se refieren además a la información que el fallecido testigo del caso Odebrecht Jorge Enrique Pizano, habría proporcionado a Martínez antes de ser fiscal general. 

“No le informó a la Corte Suprema de Justicia que, durante el tiempo en que ejerció como abogado privado (entre 2015 y 2016), conoció múltiples irregularidades que rodeaban los contratos con los que el Estado estaba pagando la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, y en las que estarían involucrados algunos de sus anteriores asesorados”, según precisan los demandantes. 

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