David Murcia estaría pidiendo asilo político al gobierno de Estados Unidos

Todo pareciera indicar que se acercan los días para que David Murcia Guzmán, el hombre que puso en jaque la economía colombiana, regrese al país procedente de Estados Unidos donde pagó una condena de nueve años por el delito de lavado de activos.

En Colombia es esperado para que responda por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos. En EE.UU. tan solo estarían esperando que haya un cupo de avión con deportados, para que Murcia regrese a su patria.

Mientras ello ocurre, tanto Policía, Fiscalía e Inpec se preparan para recibir a quien años atrás desafió al presidente de turno Álvaro Uribe Vélez, pues consideraba que no había nada ilegal con su captadora DMG.

No obstante, luego de varios meses de haber purgado su condena en EE.UU., revista Semana publicó este martes que Murcia se volvió a jugar su última carta ante el gobierno del presidente Donald Trump y estaría pidiendo asilo político para evitar su condena en Colombia.

"El hombre que ahora pide asilo es uno muy distinto a ese que se sintió capaz de desafiar a los máximos poderes del país, el mismo que llevó a la declaración de una crisis social en todo el territorio nacional", plasma en su portal el medio mencionado anteriormente. 

En reiteradas ocasiones, Murcia Guzmán ha insistido que no le gustaría ser extraditado a Colombia argumentando que su vida corre peligro, a tal punto que culpó al Gobierno colombiano de lo que le pueda pasar. 

Cabe recordar que en noviembre del año pasado reapareció para revelar que se había divorciado  de su esposa y complice Joanna Ivette León, quien fue juzgada en Colombia por el delito de lavado de activos por haber sido una ficha clave de DMG para adelantar negocios en Uruguay y Brasil.  

"Al estar tanto tiempo separados llegamos a común acuerdo. Son cosas que son culpa del gobierno colombiano”,  dijo en su momento Murcia a través de un Facebook Live. 

La mujer, de quien aún no se conoce su pena, podría pagar hasta 30 años de prisión. 

Aparte de la condena 22 años y 10 meses de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia, Murcia deberá pagar una multa de 25.700 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir alrededor de $17.000 millones.