Diego Rayo, ahora investigado por Consejo Superior de la Judicatura en caso chuzadas

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura abrió este miércoles una investigación preliminar en contra del abogado Diego Rayo, señalado de ser el enlace entre el senador Armando Benedetti y la red de interceptaciones ilegales o ‘chuzadas’.  

La investigación está encaminada a verificar si el abogado incurrió en alguna falta disciplinaria relacionada con presuntas irregularidades en su profesión.  

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La investigación preliminar –con ponencia del magistrado Alberto Vergara– se desprende de una noticia titulada “Armando Benedetti habla sobre la captura del abogado Diego Rayo”, publicada en la revista Semana en la cual el congresista reiteró que “hay un montaje en su contra por parte del Fiscal General, luego de la captura del abogado”.  

En ese artículo de prensa, el senador aseguró que el abogado no hace parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) ni tampoco ha fungido como su asesor. 

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La captura del abogado fue ordenada por la Fiscalía tras el testimonio de Juan Carlos Madero, también implicado y detenido en el escándalo.  

En audiencia pública ante un juez de garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó al abogado Rayo los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, información sin autorización coautor, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso, violación de datos personales y utilización ilícita de redes de comunicaciones. 

En contexto el caso de las chuzadas 

Hace unas semanas, La Fiscalía General reveló el interrogatorio que rindió el ingeniero Juan Carlos Madero, uno de los procesados por la ‘red de chuzadas’ liderada por oficiales en retiro de la Policía y el Ejército. 

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El fiscal del caso narró que Madero les aseguró que cuenta con información que permitiría inferir la presunta relación del senador Armando Benedetti con dicha organización, que delinquía en Ipiales (Nariño), Valle del Cauca y Bogotá. 

Al respecto, indicó que dicha red le cobró 240 millones de pesos al congresista para adelantar los seguimientos e interceptaciones ilegales al abogado penalista Jaime Lombana y a su hijo de 16 años.