El Estado debe $160 mil millones a jueces que no les ha pagado prima especial

Durante dos horas no se realizaron audiencias en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá por la protesta que, de manera pacífica, emprendieron los jueces contra el Estado, por el retraso de 28 años en el pago de la 'prima especial', establecida en 1992 y que a la fecha, no ha sido cancelada.

Más de 50 jueces se manifestaron inconformes, no solo con el retraso sino también con el trato desigual con el que advierten que el gobierno está manejando el pago de dicha prima, que ya se está cancelando a los funcionarios de la Procuraduría.

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Romel David Arévalo González, juez 25 Penal del Circuito y vocero de los jueces penales de Bogotá, calificó de injusto que existan demoras en un derecho que adquirieron por medio de la ley cuarta de 1992.

Este beneficio representa el 30 por ciento de su salario, es decir 2 millones 700 mil pesos.

“Denunciamos el incumplimiento del Gobierno Nacional en el pago de la prima especial equivalente al 30 por ciento del salario básico, prevista en el artículo 14 de la ley 4 de 1992, conforme a lo dispuesto en las sentencias de unificación del Consejo de Estado, entre ellas la expedida el 2 de septiembre de 2018”, aseguró el funcionario judicial.

En ese sentido agregó, "nosotros no somos un sindicato, somos los jueces del complejo judicial de paloquemao los que no estamos protestando, simplemente hacemos un comunicado a la opinión pública porque de verdad lo que está pasando es discriminatorio hacia nosotros".

Según explicó, desde hace 28 años quedó establecido el pago de dicha prima sin embargo, a los 4.500 jueces que actualmente tiene el país, no se les ha cancelado.

También aclaró el jurista que el Consejo de Estado en un fallo de 2018 estableció que, a los jueces se les debe pagar la prima especial con retroactividad de tres años, a partir de la fecha en la que hicieron la reclamación sin embargo, esto depende de cada funcionario judicial.

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“Llamamos la atención a la opinión pública respecto al comportamiento asumido por el Gobierno nacional, al no presupuestar el pago para los jueces, a sabiendas de las determinaciones de orden administrativo que adoptó la Procuraduría General de la Nación para pagar dicho emolumento, con claro desconocimiento del artículo 280 de la carta política, conforme al cual, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”, señaló.

El malestar se generó porque en las últimas horas el Estado, pagó la prima especial a los procuradores pero no a los jueces, generando “una desigualdad salarial que afecta a quienes imparten justicia”, dijo el juez Arévalo González.

La prima especial tiene una periodicidad mensual y abarca a los jueces laborales, de familia, penales municipales, civiles del circuito y de cualquier categoría.

“Demandamos de la Presidencia de la República y de los Ministerios de Hacienda y Justicia, dar fiel e inmediato cumplimiento a las disposiciones legales y sentencias referidas, en procura de un trato igualitario entre funcionarios de idéntica jerarquía”.

Se espera que el 12 de febrero, en una reunión con los sindicatos de la rama judicial, se defina si se unen al paro nacional.

Las audiencias se reanudaron una vez, concluyó el plantón, en el que los jueces participaron con sus togas, en señal de protesta por el derecho vulnerado.