En caso de Centros Poblados la tutela debe usarse como herramienta contractual: Hernando Herrera

En las últimas horas el juez Alberto Mario Ospino del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, Atlántico, admitió una acción de tutela presentada por el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados en contra del Ministerio de las Tic por la presunta violación al debido proceso tras la caducidad del controvertido contrato de conectividad por más de un billón de pesos. de los cuales ya emitió un adelanto por $70.000 millones.

Tras aceptar la tutela, el juzgado ordenó continuar con el contrato y suspender provisionalmente las resoluciones del Ministerio de las Tic mediante las cuales se determinaba la caducidad del mismo. 

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Dicha decisión desató una aguda controversia en torno al caso y esto hizo que el juez Ospino Soto posteriormente determinara rechazar la tutela interpuesta por el cuestionado contratista.

En diálogo con La FM, Hernando Herrera, director ejecutivo Corporación Excelencia en la Justicia, se refirió a la accionar ejecutado por el juez Ospino, situación que califico como un hecho ampliamente cuestionable. De igual manera, aseguró que la tutela no se debe usar como herramienta contractual como fue el caso que produjo la suspensión de caducidad del contrato de Centro Poblados. 

"Se presenta una acción de tutela en un sitio alejado de cualquier escenario de centralismo judicial, sin demeritar a Puerto Colombia, pero a conveniencia de lo que pude ser el resultado del proceso. El juez asume competencia y toma medidas sobre el contrato y luego en la tarde toma otra determinación", precisó.

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Herrera indicó que el juez en primera instancia consideró que cabía una medida cautelar, pero ante los diferentes llamados que se realizando desde varios sectores de la sociedad él decidió recapacitar en su determinación y reversar las cosas.

El director ejecutivo Corporación Excelencia en la Justicia manifestó que bajo ningún punto de vista es posible compartir, en términos jurídicos, el proceder del juez Alberto Mario Ospino. "Este asunto nos corresponde a los ciudadanos de bien que están pendientes, ante un ministerio y ministra que fueron negligentes y que insisten en esa negligencias"

"Es inédito y preocupante que esto se haya presentado ante una de las licitaciones más importantes del Estado colombiano, como es atender un tema importante para los niños y que no pase nada. Hay una ministra atornillada y unos contratistas con 70 mil millones de anticipo".

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Por otra parte, Herrera indicó que es necesario que la Procuraduría, quien tiene competencias de vigilancia preventiva, actúe en esta situación. De igual manera, subrayó que el trabajo de los medios de comunicación ha sido fundamental para exponer hechos que son de acto impacto y de esta manera se puede contribuir a que se tomen decisiones transparentes.