Exmagistrado auxiliar, Camilo Ruiz, será testigo clave en proceso por el 'cartel de la toga'

El juzgado 81 de control de garantías avaló el principio de oportunidad (acuerdo de colaboración) firmado entre el exmagistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz y la Fiscalía General dentro del proceso que se le adelanta por el 'cartel de la toga'.

Ruiz se comprometió a entregar información en las investigaciones y procesos que se adelantan por la entrega de sobornos al entonces magistrado Gustavo Malo Fernández para frenar y entorpecer casos contra aforados constitucionales. 

En contexto: Cartel de la toga: Condenan al exmagistrado auxiliar de Gustavo Malo

Igualmente declarará en los procesos que se adelantan contra dos exdirigentes políticos (Argenis Velásquez y Julio Eugenio Gallego) que habrían pagado millonarias sumas de dinero para que las investigaciones que adelantaba el despacho del magistrado Malo fueran archivadas. 

El principio de oportunidad abarca el delito de cohecho (pago de sobornos), hecho por el cual se cesa por un año la persecución penal contra exmagistrado auxiliar por este cargo. 

El juzgado determinó que se suspende el proceso penal contra Ruiz hasta el 5 de marzo de 2022. Teniendo en cuenta su proceso de colaboración y las pruebas que entregue se podrá renovar. 

Lea además: Alberto Santofimio, en libertad condicional

El pasado 28 de febrero, un juez avaló el preacuerdo firmado entre Ruiz y la Fiscalía General dentro de este mismo caso de corrupción en la Rama Judicial.

El exmagistrado auxiliar reconoció su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir. En el documento se fija una condena de cinco años y cinco meses de prisión, el pago de una multa para reparar a las víctimas reconocidas en el proceso penal. 

La Fiscalía General señaló que Ruiz habría sido pieza fundamental en la exigencia de dineros al representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma para frenar una orden de captura.

Córdoba Manyoma habría pagado cerca de 200 millones de pesos con el fin de dilatar la indagación preliminar por supuesto lavado de dineros de la mafia cuando era alcalde de Medio Baudó (Chocó). Este caso estaba en el despacho del magistrado Malo.