Expolicías que ingresaban drogas a cárceles de Antioquia fueron enviados a prisión

El Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de seis personas, entre ellas dos expolicías, como presuntos responsables de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes agravado.

Con la decisión fueron afectados el exintegrante de la Sijín de Antioquia, Orlando Miguel Padilla Sarmiento, y el expatrullero de la Policía Urabá, Luis Alfonso Polo Rojano.  Ambos estaban cumpliendo sentencias condenatorias por delitos como secuestro, concierto para delinquir y hurto.

La medida de aseguramiento intramural también recayó sobre Alexander Rojas Loaiza, alias Moneda, cabecilla de una organización criminal que delinque en el corregimiento Altavista, suroccidente de la capital antioqueña y quien paga una sentencia de 14 años de prisión por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y desplazamiento forzado.

Además, Miguel Andrés Monsalve Arroyave, alias Marrano, actualmente sentenciado a 32 años de prisión por el punible de secuestro.

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En el momento de la desarticulación de esta organización delincuencial, la directora nacional de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla Minami, explicó que las mujeres capturadas eran utilizadas como 'mulas' y  que los dos expolicías están condenados y al parecer, delinquían desde los lugares de reclusión. 

Yeison Banquero Malagón, dragoneante grado 15 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, fue afectado con medida de aseguramiento de carácter domiciliario. 

Dos mujeres que ingresaban estupefacientes a los penales, dentro de sus partes íntimas, también fueron enviadas a prisión. A otras siete presuntas integrantes de la red delincuencial, el juez les concedió el beneficio de casa por cárcel.

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Los 14 procesados fueron capturados luego de una investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), y el  Grupo de Antinarcóticos del CTI, en la que se estableció que entre 2017 y 2019, el grupo de personas conformó una estructura criminal para ingresar y comercializar estupefacientes en los centros carcelarios Bellavista, El Pedregal y La Paz.

La organización ilegal también estaría enviando estupefacientes desde la capital antioqueña a otras cárceles del departamento y a centros penitenciarios de Caldas y Boyacá.