Fiscal Néstor Humberto Martínez presenta renuncia irrevocable

"JEP Colombia aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a Fiscalía de Colombia disponer libertad inmediata", afirmó el tribunal, situación que motivó la renuncia del jefe del ente acusador.

Este es el pronunciamiento completo de Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación

Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el estado de derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación. En el futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional; en adelante los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y tráfico ilícito de drogas; las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos durante el conflicto quedaron emasculadas y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición. ¡¡¡Todo esto en nombre de la paz!!!.

Por si fuera poco, de acuerdo con las informaciones de prensa –dado que la Fiscalía no ha sido formalmente informada- en el día de hoy la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por esta Fiscalía; hace trizas la cooperación judicial internacional; desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia; confronta abiertamente la Constitución Política (art. 19, A.L. No. 1 de 2017) y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico,  cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia.

Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto.

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Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril del año pasado con base en el pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo acusa de conspiración para el narcotráfico, delito que, según la Fiscalía General de la Nación, cometió después de la firma del acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016. Según Estados Unidos, el exguerrillero tenía un "acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína" a ese país.

Junto a "Santrich", quien fue miembro del Estado Mayor (mando) y líder político del Bloque Caribe de las Farc, fueron capturados otros tres individuos identificados como Marlon Marín, Armando Gómez, alias El Doctor, y Fabio Simón Younes Arboleda. Marín, sobrino del número dos del partido en el que se transformó la antigua guerrilla, Iván Márquez, cuyo nombre de pila es Luciano Marín, viajó a Estados Unidos el 17 de abril de 2018 para colaborar con la justicia de ese país.

Tras conocer la decisión de la JEP, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que presentará un recurso de apelación porque, en su concepto, "procedía en este caso conceder la extradición de Jesús Santrich". En la ciudad de Pereira, Carrillo sostuvo que el Ministerio Público "insistirá en que de acuerdo con las reglas de procedimiento de la JEP, el caso de Santrich debe continuar su estudio ante la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la decisión final sobra la situación jurídica del exguerrillero".

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El caso ha generado desde el principio polémica en el país porque los defensores del detenido argumentan que fue víctima de un montaje y que si se le entrega la Justicia de Estados Unidos se pondría en riesgo el acuerdo de paz, mientras que otro sector alega que debe ser extraditado porque las pruebas en su contra sin concluyentes.

La JEP solicitó el 23 de octubre del año pasado al Gobierno de Estados Unidos una "colaboración para la obtención de material probatorio necesario para definir la situación" de Santrich, pero la carta con el pedido nunca llegó a su destino. La JEP afirmó entonces que "la no llegada de la carta rogatoria a EE.UU. constituyó un hecho ajeno a la jurisdicción que entorpeció el buen funcionamiento de la labor de administrar justicia en el contexto de los acuerdos de paz".