Fiscalía estableció que líneas de Piedad Córdoba y Álvaro Leyva fueron interceptados

El fiscal General (e), Fabio Espitia aseguró que se detectaron dos interceptaciones a las líneas telefónicas del exministro Álvaro Leyva Durán y la exsenadora Piedad Córdoba, quienes fungían como negociadores del Gobierno en el proceso de paz que se adelantaba con la guerrilla de las Farc.

Espitia indicó que se busca establecer si las interpretaciones fueron adelantadas de manera legal o si, como lo han señalado dos exfuncionarios de la Fiscalía, se realizaron incumpliendo los protocolos establecidos. 

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En el desarrollo de la investigación se contactó además al exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle y el asesor jurídico de las Farc durante las negociaciones, Enrique Santiago para recolectar información. 

“Puedo afirmar hoy que solo aparece una interceptación al doctor Álvaro Leiva en el 2013 y voy a revisar la legalidad de esa interceptación. También una interceptación que se presentó en el año 2019 durante unos días a uno delos teléfonos de la doctora Piedad Córdoba, también revisaré la legalidad de esa interceptación. El único que no nos ha respondido es el señor Enrique Santiago”, manifestó. 

“Primero hemos hecho una auditoria que nunca se había hecho a toda la temática, tanto del sistema esperanza como a lo que ha sucedido con las dos últimas noticias. Hemos solicitado por ejemplo la colaboración de algunas de las personas que parecen en las publicaciones. hemos solicitado la comunicación al senador Iván Cepeda”, explicó el Fiscal General encargado. 

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La investigación que se adelanta busca establecer si se presentó alguna falencia cuando se ordenó interceptar estas líneas telefónicas.

En la mañana de este viernes los fiscales Daniel Ricardo Hernández Martínez y Álvaro Enrique Betancur Martínez le solicitaron formalmente al fiscal General (e) Fabio Espitia, que iniciará una investigación para establecer si en efecto se han presentado irregularidades en las indagaciones que se adelantan por las interceptaciones ilegales y actividades de espionaje contra los negociadores del Gobierno en el proceso de paz en La Habana (Cuba).

Esta solicitud se presentó luego que se conocieran las declaraciones de los exfiscales Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo -procesados por las interceptaciones al sindicato de Avianca- quienes manifestaron que se habían presentado "chuzadas" a los exnegociadores de paz, abogados litigantes y otros funcionarios.

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"En la declaración rendida por Gómez Góngora y Martínez Lugo, al parecer ante la JEP, se afirma que a través de procesos legales a nuestro cargo se han llevado a cabo interceptaciones legales de altos funcionarios, abogados litigantes, exnegociadores de paz y funcionarios de la Fiscalía General", precisan.