Fiscalía hace rastreo financiero para definir nuevo embargo a propiedades de Mauricio Leal
Los fiscales tratan de determinar nuevos posibles incrementos patrimoniales por justificar derivados, presuntamente, del lavado de activos.
Agentes de la Fiscalía General de la Nación llevan a cabo nuevas labores de rastreo y análisis financiero de las cuentas bancarias y libros contables, con el fin de determinar la procedencia de ordenar un nuevo embargo de propiedades del asesinado estilista Mauricio Leal y su familia.
Estas labores judiciales están siendo lideradas por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio que adelanta una investigación simultánea por el delito de lavado de activos.
Este proceso es paralelo a la investigación penal que adelantan de manera articulada fiscales delgados para la Seguridad Ciudadana y la Delegada para las Finanzas Criminales y que originó la captura de Yhoiner Rodolfo Leal Hernández por su presunta responsabilidad en el doble homicidio de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández Tabares, en hechos ocurridos en la madrugada del pasado 21 de noviembre, en zona rural del municipio de La Calera (Cundinamarca).
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La Fiscalía ya puso bajo la custodia y administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) bienes por más de 4.000 millones de pesos pertenecientes a Mauricio Leal, ubicados en Bogotá y en los municipios de La Calera y Cajicá (Cundinamarca).
Las primeras propiedades afectadas con medidas cautelares excepcionales de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo son dos bienes inmuebles, dos automóviles y una motocicleta.
Así mismo, fueron afectadas con medidas de toma de posesión dos sociedades y dos establecimientos de comercio.
En relación con una de las sociedades, los investigadores establecieron la existencia de una cuenta con activos superiores a 1.600 millones de pesos.
En una primera etapa de las investigaciones se descubrió que las sociedades embargadas fueron utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros que tienen un probable origen ilícito.
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Los fiscales tratan de determinar nuevos posibles incrementos patrimoniales por justificar derivados, presuntamente, del lavado de activos.