Fiscalía pide que Emilio Tapia y demás procesados sean enviados a la cárcel

La Fiscalía General reveló, en medio de las audiencias concentradas, que tiene un abundante material probatorio con el que busca demostrar la responsabilidad del contratista Emilio Tapia (condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá), Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros, en el escándalo de corrupción en el contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal. 

Documentos, chats de Whatsapp y testimonios hacen parte de las evidencias que la Fiscalía recopiló durante la investigación que se ha desarrollado en los últimos meses. 

La falsificación de la garantía bancaria demostraría que hubo varias irregularidades en la presentación de la oferta en la que estaría relacionado el condenado por corrupción, Emilio Tapia, quien al parecer estaba detrás de la empresas que hacían parte de la Unión Temporal. 

La delegada de la Fiscalía, Andrea Muñoz, también señaló que, el directivo de Rave Agencia de Seguros, supuestamente se encargó de conseguir a través de un contacto la falsa oferta y posteriormente, se la entregó a Luis Fernando Duque para que hiciera lo mismo con el Ministerio. 

También señaló que Jorge Enrique López Benavides se encargó de falsificar el documento; permanece libre pues logró escapar.  Destacó la fiscal que, a través de los documentos falsificados, lograron engañar a los funcionarios del Ministerio de las Tics y ello los hizo cometer un error. 

Precisó también que Tapia no tenía el suficiente capital para quedarse con contrato, por lo que se encargó de que fueran alteradas las garantías del Banco Itaú para efectuar el engaño y obtener el billonario contrato. 

Lea además: Caso MinTIC: Representantes de Centros Poblados no aceptaron cargos

El condenado por corrupción le entregó a Juan Carlos Cáceres los nombres de las empresas que conformarían la Unión Temporal y posteriormente, Laverde se encargó de contactar a Jorge Alfonso Molina y Jorge Enrique López Benavides. 

También explicó la Fiscalía que fueron falsificadas tres pólizas, la de buen y adecuado manejo del anticipo, además de la que aseguraba el cumplimiento total del contrato y la que respaldaba el pago de los salarios a los funcionarios y trabajadores. 

"Presuntamente estas personas sí participaron en la consecución de esos documentos falsos y en los hechos que llevaron que MinTic, incurriera en varios errores", señaló. 

También agregó que, "dentro del marco de esa licitación, se pudo establecer que los señores Emilio José Tapia Aladana, Juan José Laverde y Jorge Enrique López Benavidez (quien no se encuentra en la audiencia), falsificaron el documento privado denominado garantía bancaria de fecha 28 de octubre de 2020, suscrito por Luis Fernando Duque y los supuestos funcionarios del Banco Itaú". 

Por lo mismo, la delegada les imputó los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, aunque ninguno aceptó los cargos. 

La Fiscalía además señaló que "existe inferencia razonable, los documentos del banco fueron alterados, se utilizaron empresas de terceros sin aprobación, con su actuar demuestra que no tiene respeto en la fe pública". 

Con base en esos argumentos, la delegada del Ente Investigador solicitó que los investigados que sean cobijados con una medida de aseguramiento preventiva de la libertad en establecimiento carcelario.

Sustentó que "es indispensable" que sean enviados a la cárcel, porque podrían obstruir a la justicia y porque los detenidos son un peligro para la sociedad, al estar siendo investigados por falsificar pólizas y documentos privados para obtener el contrato para llevar internet a más de 14.000 colegios en todo el territorio nacional. 

Afirmó que es reprochable que, a sabiendas que cometían varios delitos, siguieron adelante con el plan y engañaron al Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

La diligencia de imposición de medida de aseguramiento contra los detenidos se aplazó para este viernes 24 de septiembre a partir de las 8 a.m.