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Fiscalía realizó primera captura por caso de títulos falsos en cirugías plásticas
Se trata de Leonor Herreño, funcionaria del Ministerio de Educación, por su presunta responsabilidad en los hechos de corrupción en la validación de títulos de cirugía plástica.
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Viernes, Septiembre 16, 2016 - 18:32
Una persona capturada y otra con medida de aseguramiento dejan como resultado las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por las irregularidades cometidas en la convalidación de títulos de especialistas en cirugía plástica.
La vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, resaltó que "se han venido adelantando acciones contundentes para atacar ese fenómeno y en particular en los casos más importantes del sector educación".
Tras el diseño de un plan investigativo específico, se produjo la captura de Leonor Herreño Aguilar, funcionaria del Ministerio de Educación Nacional, quien al parecer era la persona que ofrecía convalidar títulos de universidades extranjeras a personas que no cumplían con los requisitos para ello.
Un juez de control de garantías de Bogotá le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva de carácter domiciliario a herreño.
“La Fiscalía también logró la suspensión de los títulos médicos falsos obtenidos por Cristian Felipe Borrero Guerrero, Carlos Eduardo Calderón Carrascal y Liliana Lourdes Mamian Cerón, quienes habrían sido beneficiados por convalidaciones presuntamente irregulares, para que no puedan continuar ejerciendo su actividad con esas licencias”, explicó Riveros.
La Fiscalía General de la Nación cuenta con elementos materiales probatorios para sustentar los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y cohecho en contra de la funcionaria.
El ente acusador estableció que la funcionaria del Ministerio Leonor Herreño cobraba 25 millones de pesos por cada título falso homologado. Los títulos, según las autoridades, serían de la Universidad de San Marcos del Perú, en dos casos, y en un caso de la Universidad de la Plata, en Argentina.
En caso de ser hallada responsable de las conductas por las que se le investiga, la funcionaria podría enfrentar una sanción de hasta de 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, además de las sanciones penales correspondientes.
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