Gobernador de Antioquia deberá pagar diez días de arresto y cinco salarios mínimos

Diez días de arresto y una multa equivalente a 5 salarios mínimos deberá pagar el gobernador del departamento de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez por el desacato de una tutela que ordenaba resolver el problema de hacinamiento carcelario en el penal ubicado en Santa Fe de Antioquia, al occidente del departamento. 
 
La orden también afecta al director del Inpec, general William Ernesto Ruiz, el director de la Uspec, Ricardo Varela y a 16  alcaldes del occidente antioqueño, entre los que están los de Ebéjico, Olaya, Peque, Sabanalarga, Giraldo y  Liborina.

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La acción popular fue interpuesta en 2014 por Edison Alberto Oquendo y en los fallos de primera y segunda instancia que se profirieron ese mismo año, se impuso la sanción que fue confirmada por Omaira Arboleda, juez administrativa oral de Medellín, el pasado 27 de septiembre. 
 
La seccional Antioquia de la Veeduría de transparencia y anticorrupción manifestó que pese a que la tutela data del 2014, año en el que Luis Pérez no había asumido como gobernador, hasta el momento no se han materializado acciones que permitan solucionar el hacinamiento carcelario, a pesar de que la gobernación tiene las herramientas para descongestionar los centros carcelarios. 
 
El proyecto de una cárcel granja en Yarumal, que habilitaría 1.300 cupos para internos de mediana y baja peligrosidad, ha sido uno de las promesas más anunciadas por la Gobernación.  
 
Aunque fue anunciado con bombos y platillos y contó con la visita del Ministerio de Justicia del gobierno anterior, el lote en el que estaba ubicado el  seminario Cristo Sacerdote, tiene varias deficiencias en la infraestructura y parece no ser apto para alojar personas.

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Desde hace más de un año las obras están suspendidas, el terreno abandonado y las cárceles, calabozos de las estaciones de policía y hasta el auditorio del búnker de la Fiscalía de Medellín, llenos de internos que duermen en sitios no aptos. 
 
Para la colonia agrícola de internos de baja peligrosidad contaría con una inversión de 51.200 millones de pesos provenientes del Gobierno Nacional, mientras la Administración Departamental aportará 7.000 millones de pesos y la Alcaldía de Medellín, también entregará 7.000 millones de pesos.