Imputan cargos al hijo de Luis Alfredo Ramos por tiquete aéreo a un Fiscal
Esteban Ramos lo habría hecho a través de la cuenta de ahorros de su esposa Alejandra González.
Ante la juez cuarta de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General le imputó el delito de cohecho a Esteban Ramos Maya, hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.
Según explicó el delegado de la Fiscalía, en la noche del 2 de noviembre de 2016, el procesado (Esteban Ramos Maya) a través de la cuenta de ahorros de su esposa Alejandra González, compró un tiquete aéreo que cubría la ruta Pereira – Medellín para que el fiscal tercero delegado del Grupo de Falsos Testigos, José Ignacio Umbarila, asistiera a la audiencia de verificación de preacuerdo que se adelantaba con Juan Carlos Araiza, quien declararía a favor de Luis Alfredo Ramos.
“Voluntariamente y con conocimiento de causa, usted Esteban Ramos Maya, con el propósito de evitar la frustración de esa diligencia judicial que podría culminar con la declaratoria de responsabilidad por falso testimonio de un testigo de cargo en contra de su padre, por cuenta de la eventual inasistencia del Fiscal que se hallaba varado en la ciudad de Pereira, decidió patrocinar privadamente el desplazamiento de José Ignacio Umbarila Rodríguez y adquirir en nombre de aquel, un tiquete aéreo con el trayecto Pereira - Medellín para la mañana del 3 de noviembre de 2016”, detalló el fiscal en la imputación.
En ese sentido continuó explicando que “para ello usted se sirvió de la colaboración consciente y voluntariamente prestada por su esposa Alejandra González, quien facilitó su cuenta de ahorros de la entidad Bancolombia para realizar la citada transacción a través del portal web de la extinta empresa Aerolíneas de Antioquia y la pasarela de pagos por valor de $134.128; finalmente tanto usted como su esposa comunicaron al abogado Pinilla Gómez (conocido como el porcino, condenado por el Cartel de la Toga), los resultados favorables de la compra realizada e hicieron llegar el comprobante y voucher resultante de la misma, aquel profesional del derecho con el ánimo inequívoco de que, la remitiera a su vez al fiscal Umbarila para su utilización gratuita, como en efecto ocurrió”.
En la génesis del proceso el Fiscal explicó que en ese momento se adelantaba una investigación en la Corte Suprema de Justicia por ‘parapolítica’, contra el exmandatario departamental y a la par se investigaba por el delito de falso testimonio a Juan Carlos Araiza.
Explicó también que en ese preacuerdo que incluso recibió cuestionamientos por parte del alto tribunal, Araiza declararía que había mentido sobre los supuestos nexos con grupos paramilitares del exgobernador de Antioquia, por ello según dijo la Fiscalía el interés de su hijo (Esteban Ramos Maya) porque la audiencia de verificación del preacuerdo que se había programado para el 3 de noviembre de 2016 no se aplazara, ante la posible inasistencia del delegado de la Fiscalía para ese entonces.
Una conversación entre el procesado y el abogado Leonardo Pinilla Gómez (condenado por su participación en el ‘cartel de la toga’), sobre la compra del tiquete aéreo para el fiscal Umbarila, originó la investigación.
“Usted Esteban Ramos Maya, persona interesada en el proceso penal que el fiscal José Ignacio Umbarila Rodríguez adelantaba como acusador y en el que su progenitor Luis Alfredo Ramos Botero, ostentaba la calidad de víctima, se sirvió de la colaboración voluntariamente prestada por su cónyuge Alejandra González, a través del uso de su cuenta bancaria para adquirir un tiquete aéreo que es una utilidad apreciable en dinero en favor de aquel servidor público y entregárselo por el conducto del representante de víctimas (Leonardo Pinilla Gómez), a su vez el fiscal Umbarila recibió e hizo uso de tal pasaje de manera gratuita, evitando hacer erogación alguna económica y en virtud de desplazamiento desarrollado y que usted subvencionó”, explicó el Fiscal.
El delegado de la Fiscalía, le imputó el delito de cohecho por dar y ofrecer que tiene una pena que oscila entre 48 a 108 meses de prisión, además de una sanción pecuniaria que varía entre 66.66 a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
A su turno Ramos Maya, no aceptó los hechos materia de investigación y aseguró que: “no mi señoría, siempre he actuado de buena fe, no he cometido irregularidades, soy inocente".