JEP abrió expediente por los desaparecidos del Palacio de Justicia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la práctica de pruebas en el caso del general (r) Iván Ramírez Quintero por su presunta participación en el caso de los desaparecidos del Holocausto del Palacio de Justicia.

En un documento de cuatro páginas, la Sala de Definición de Situaciones le solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP verificar unos datos en el Registro Único de Víctimas dentro de este expediente judicial.

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En la lista se encuentran Orlando Arrechea Ocoró; Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán –quien trabajaba como mesero en la cafetería del Palacio-; Jorge Franco Pineda, hermano de la integrante de la guerrilla del M-19, Irma Franco Pineda; y René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, quien trabajó como administradora encargada de la Cafetería.

En el documento se le solicita a las víctimas indirecta aportar los debidos documentos para que se establezca el vínculo de parentesco o relación con las víctimas directas reconocidas dentro del expediente judicial.

Igualmente, el Grupo de Análisis de la Información que contextualice los hechos que rodearon la toma y operación de recuperación del Palacio de Justicia, en hechos registrados los días 6 y 7 de noviembre de 1985, así como la participación que tuvo el entonces comandante del Coici del Ejército, general Iván Ramírez Quintero.

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Así como “las circunstancias que rodearon la comisión de conductas relacionadas con desapariciones forzadas, homicidios y torturas” durante la operación de recuperación de la toma del Palacio de Justicia.

Finalmente, se le solicita al oficial en retiro del Ejército que firme el acta de sometimiento ante la Secretaría Judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En diciembre de 2016, la jueza 51 de conocimiento de Bogotá absolvió al general (r) Ramírez Quintero por los delitos de desaparición forzada agravada.

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En este caso se determinó que existió duda probatoria que benefició directamente al excomandante del Coici. La Fiscalía General y los representantes de víctimas apelaron esta decisión al considerar que existían pruebas documentales y testimoniales que vinculaban al general en retiro de las torturas y desapariciones forzadas.