JEP inicia estudio de medidas cautelares para el cementerio central de Neiva

La Sección de Ausencia de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vinculó a la gobernación del Huila, a la alcaldía y a la Diócesis de Neiva al trámite de adopción de medidas cautelares sobre el Cementerio Central de la capital departamental.

Mediante comunicado, la justicia transicional dio a conocer la decisión que fue tomada de manera unánime en una sesión virtual realizada del pasado 16 de abril.

El trámite se inició luego de una comunicación enviada a la JEP el 15 de octubre de 2019 por el Jefe de la Oficina de Paz y Derechos Humanos del municipio de Neiva, en la cual pone en conocimiento de la Jurisdicción la existencia de más de 300 cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio Central de Neiva cuya inhumación corresponde “con las épocas recientes más álgidas del conflicto armado”. 

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Según el comunicado de la JEP, el pasado  4 de diciembre de 2019 se emitió el auto AT-094, mediante el cual se inició el trámite de estudio de medidas cautelares para asegurar la protección y conservación de los cuerpos de personas no identificadas inhumadas en el Cementerio Central de Neiva. 

A su vez, el 29 de enero de 2020, la Sección decidió asignar la sustanciación de este asunto a la Sala Dual conformada por los magistrados Alejandro Ramelli Arteaga y Gustavo Salazar Arbeláez.  El objeto de la medida cautelar es lograr la protección de los cuerpos ubicados en el cementerio con el fin de asegurar su posterior identificación y entrega.

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Con esta medida cautelar  y con la  información recaudada, se pudo establecer la existencia de un proyecto de ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, que implicaría el traslado del cementerio central. 

Por lo que la medida vincula directamente la Diócesis de Neiva, la Alcaldía de la ciudad y la Gobernación del departamento tienen obligaciones de control y supervisión sobre los lugares de inhumación de personas no identificadas, para que informen sobre el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al cementerio.

Asimismo, se conoció que el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia (OBSURDH) también solicitó este proceso para los cementerios de Pitalito Garzón y La Plata, en donde se cree pueda haber cuerpos de víctimas de asesinatos extrajudicales.