Las medidas de SuperSociedades para que el caso Interbolsa no quedara en la impunidad
El organismo logró que se pagara el 100% de las acreencias por la millonaria estafa.
Ante la advertencia de la Fiscalía de que prescriba el proceso que se sigue contra los responsables del descalabro de la comisionista Interbolsa, fuentes de la SuperSociedades recordaron que en este caso, que también tiene relación con el Fondo Premium, el organismo logró que se pagara el 100% de las acreencias por la millonaria estafa.
Además, la SuperSociedades tomó varias medidas para que el caso de Interbolsa y el Fondo Premium no quedara en la impunidad. Entre esas medidas se encuentra la vinculación al proceso de 33 personas naturales y 26 personas jurídicas. También otorgó plenas garantías a todas las partes involucradas. Se resolvieron exitosamente alrededor de 100 recursos contra las decisiones del juez, así como numerosas tutelas.
Además, se repatriaron recursos desde Curazao por US$7,6 millones y por primera vez se logró un acuerdo de cooperación internacional en un caso de captación ilegal para pagar a los afectados.
Reparación
En el caso del Fondo Premium, el ente fiscalizador recordó que "la liquidación del Fondo completó el pago del 100% de las reclamaciones de los afectados por esta captación ilegal".
Fueron 1.034 las víctimas de este descalabro las que pidieron ser resarcidas. De ellas más de 773 habían recibido pagos en efectivo por el 100% de sus reclamaciones.
En total fueron devueltos $386.565 millones y se embargaron además más de 90 bienes inmuebles de los implicados en este escándalo.
De igual forma, la liquidación había efectuado siete devoluciones en efectivo por un valor superior a los $180.100 millones.
Las fuentes indicaron que "en un hecho sin antecedentes, la intervención por captación ilegal terminará con activos que superan el valor de las reclamaciones. Estos activos continúan embargados y serán destinados al pago de los acreedores de la masa de la liquidación".
El liquidador del Fondo Premium adelanta el proceso de vinculación al patrimonio autónomo de los afectados que tenían saldos de reclamaciones sin pagar. Tras la puesta en marcha de este instrumento, los afectados pueden negociar sus derechos fiduciarios o esperar a la venta de los bienes por parte del administrador fiduciario.