Los tropiezos judiciales de la licitación de Transmilenio por la Séptima

La licitación de Transmilenio por la Séptima volvió a ser suspendida por una acción judicial. Esta nueva decisión pone en serio riesgo la aspiración de que la administración de Enrique Peñalosa logre adjudicar la obra antes de terminar su periodo el próximo 31 de diciembre.

Esta es la segunda vez que la licitación es suspendida por orden de un juez, ambos casos ocurridos en un lapso de cuatro meses. En estas dos oportunidades el argumento ha sido el mismo: falta de estudios del proyecto, cosa que el Distrito ha rechazado en reiteradas oportunidades.

De acuerdo a los conceptos de la rama judicial, la obra no cuenta con los estudios técnicos suficientes para armonizar la megaobra con los demás planes parciales que se adelantan por la Carrera Séptima.

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Así lo manifestó el juzgado 23 administrativo de Bogotá, que este jueves indicó que no existe "un estudio que armonice los diseños existentes con todos los planes parciales que se desarrollan sobre esa emblemática vía".

A esta decisión se llegó gracias a un concepto de la Procuraduría General de la Nación tras una acción judicial interpuesta por el senador Rodrigo Lara.

Llama la atención que este fue el mismo argumento para que otro juzgado, el 49 administrativo de Bogotá, ordenara el 24 de abril de este año suspender la licitación. En esa oportunidad, el concepto de la Procuraduría fue el similar, pero la acción la interpuso  un grupo de residentes del edificio Altos de la Cabrera, ubicado en la Carrera Séptima con Calle 100, uno de los puntos más importantes del proyecto.

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En esa ocasión fue el Distrito el que terminó llevándose la victoria en los estrados luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidiera el pasado mes de julio levantar las medidas cautelares.

De acuerdo con el tribunal, el juez 49 desconoció varios requisitos fundamentales para poder declarar las medidas cautelares, entre los que se destaca que el demandante (Altos de la Cabrera) no haya presentado los documentos, informaciones, argumentos o justificaciones que permitan concluir que resultaría más grave para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

A eso se suma que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) alegó que el concepto emitido en ese momento por la Procuraduría estuvo basado, entre otras cosas, en imágenes tomadas de la plataforma Google Earh.

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Vale destacar que en ese momento le tomó al Distrito tres meses levantar la suspensión. Así las cosas, la administración deberá apretar el acelerador si pretende dejar adjudicada la licitación, en especial con la amenaza de que el que sea el nuevo alcalde de Bogotá decida no realizar el proyecto.

Pero estos no son los únicos tropiezos que ha atravesado la licitación. Varios habitantes de las zonas por donde pasará la línea de Transmilenio aseguran que no se realizaron las labores de socialización como exige la ley.

Adicional a esto, un grupo de ciudadanos ha intentado frenar la obra por medio de tutelas y demandas ya que, aseguran, el trazado afectará al icónico Parque Nacional, lo que, aseguran, implicaría daños ambientales y al patrimonio cultural de la ciudad.