Luis Alfredo Ramos, dispuesto a atender el llamado de las autoridades

Tras conocer que la Fiscalía compulsó copias para determinar si existen méritos para abrir una investigación en contra del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por presuntas irregularidades en el contrato de mejores en un tramo de la Troncal de la Paz, el exmandatario aseguró que está completamente dispuesto a atender el llamado de las autoridades.

El polémico caso generó la suspensión del actual gobernador, Aníbal Gaviria Correa, y la imposición de una medida de aseguramiento domiciliaria en su contra. Además, el también exmandatario Sergio Fajardo podría ser investigado por los mismos hechos. 

Ramos Botero insistió en que sus actuaciones, durante el período 2008 - 2011, que estuvo a cargo del departamento, fueron ajustadas a la ley.

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"Con respecto al proceso del gobernador Gaviria Correa, manifiesto mi entera disposición de atender el llamado de las autoridades competentes frente a mis actuaciones como gobernador de Antioquia, siempre ajustadas a la ley", dijo el exgobernador. 

Cabe recordar que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el contrato inicial se firmó por 41.663 millones de pesos, pero lo que se cuestiona el ente investigador, son las dos adiciones presupuestales por cerca de 29 mil millones de pesos para obras complementarias. 

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Explicó que si bien Gaviria Correa no firmó el contrato, ni las adiciones, como gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, al parecer, no cumplió con la función de ejercer vigilancia y control a los funcionarios, a quienes les delegó esa función y en consecuencia, debe responder en el proceso penal.

Llamó la atención de la Fiscalía y de los entes de control que cuatro días antes de finalizar el primer mandato como gobernador, se hizo la adición de 16 mil 334 millones de pesos para la construcción del puente del río Nechí, que conecta la cabecera municipal del municipio de El Bagre con la Troncal de la Paz.

Para este ello, no hubo un proceso de selección, ni estudios de suelos, ni plazos, violando, al parecer, los principios de la contratación pública.